No se busca dilucidar si el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha de seguir en el cargo, pues eso se da por descontado (los opositores han arriado banderas y las encuestas de opinión mantienen al tabasqueño en lo alto) ni se trata del cumplimiento forzoso de un derecho (el ejercicio de revocación de mandato), pues éste es optativo, no de ejecución obligatoria y, en congruencia jurídica, debe activarse en su momento por los promotores de la revocación, no por los defensores de la ratificación.

Tampoco es un derecho que, por la omisión de su cumplimiento en 2022, pueda caducar o extinguirse: ahí estará disponible en la Constitución para cuando los interesados en revocar un mandato lo planteen y consigan los requisitos de cada caso (de presidente de la República o de gobernadores).

La batalla de hoy es por el mantenimiento o la sustitución del modelo de organización electoral que el salinismo aprobó en 1989 (con los votos del prianismo ya en pleno maridaje explícito) e instauró en 1990. El ya muy desmejorado IFE se convirtió en INE en 2014, luego de la llegada al poder del peñismo priísta. En el fondo, el esquema IFE-INE sigue privilegiando el reparto de consejerías entre los partidos y la toma de decisiones conforme a los intereses de las cúpulas.

Ese modelo nacido en el salinismo y maquillado en fechas posteriores no obedece al mandato popular depositado en las urnas en 2018 ni a la esperanza de cambio que, según las recientes encuestas de opinión, le dan a López Obrador un amplio respaldo. Lorenzo Córdova Vianello, el consejero presidente del INE, su facción de consejeros afines y los mandos del aparato administrativo del instituto fueron colocados en el cargo por intereses y circunstancias del pasado que se repudia y obedecen a una realidad que ya no existe.

La falta de recursos económicos o la satisfacción de éstos, los ahorros o el despilfarro del INE, la recolección suficiente y válida de firmas o la carencia de éstas, y el aplazamiento o conservación de fechas procesales en enero próximo son tarjetas postales de la gran batalla, que tiene como objetivo retirar a Córdova de la presidencia del consejo general del INE y dar paso a una nueva forma de ejercer el poder electoral.

No es una cosa menor que la votación, clave, a favor de la pausa procesal del revocatorio haya sido de seis votos contra cinco. Entre éstos, los cuatro consejeros llegados al cargo ya en el periodo obradorista (Martín Faz, Uuc-Kib Espadas, Norma Irene de la Cruz y Carlota Humphrey, vista ésta con desconfianza en ciertas franjas del propio obradorismo), más Adriana Favela Herrera, cuya carrera judicial y su llegada al INE tienen como contexto al poder priísta mexiquense, que en 2014 la hizo consejera.

Si José Roberto Ruiz Saldaña hubiera mantenido la disidencia de otros momentos frente a Córdova y su grupo, habría dado el triunfo a los opositores a la pausa del revocatorio, pero en esta ocasión (¿molestia por no haber sido considerado para la rectoría de la Universidad Veracruzana?) votó en el mismo sentido que Córdova, Murayama, Rivera, Ravel y Zavala.

La acometida del morenismo contra Córdova y la cúpula dirigente del INE avanza en los planos discursivo, mediático, político y social. La mayoría en las cámaras federales legislativas y en los gobiernos estatales, además de la campaña abierta del partido guinda, serán de gran presión contra el cordovismo.

No se lesionará la democracia (que, en realidad, sigue siendo una aspiración: en 2018 se aceptó la irreversible tendencia a favor de AMLO, pero los procesos electorales siguen siendo turbios) ni vendrá el cataclismo cívico si se remueve a los consejeros del pasado, aunque la eventual prueba de la calidad en el cambio provendrá de la postulación de más consejeros no facciosos y de una presidencia del INE enteramente confiable y dispuesta a corregir y mejorar lo necesario. No es un asunto de dinero para el revocatorio, sino político, en el mejor sentido de la palabra. ¡Hasta mañana!

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