Nahualá. Policías y soldados con fusiles resguardaban ayer una zona indígena en el oeste de Guatemala tras la matanza de 13 personas, incluidos cuatro niños, por un viejo conflicto territorial, mientras en una morgue familiares de las víctimas exigían justicia.
La fuerza pública se apostó a la orilla de la carretera Interamericana, cerca del camino de tierra que lleva por la montaña a la aldea Chiquix, en el municipio de Nahualá, 171 kilómetros al oeste de la capital, donde ocurrió la matanza entre viernes y sábado, observó un equipo de la agencia de noticias Afp.
Algunas personas circulaban en pick-ups y microbuses hacia las comunidades de Nahualá y la vecina de Santa Catarina Ixtahuacán, enfrentadas por el centenario conflicto por el control de territorios limítrofes, donde hay bosques y cauces de agua, ante la mirada atenta de los agentes y sin detenerse a hablar.
La policía informó el sábado de 13 personas muertas en la aldea Chiquix, entre ellas el agente Luis Reinoso, de 34 años, además de un camión semiquemado y una patrulla con perforaciones de bala.
De acuerdo con el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, la matanza ocurrió cuando familias de una comunidad de Santa Catarina Ixtahuacán que se dirigía a “levantar sus cosechas” fue “emboscada por un grupo de hombres que portaban armas de grueso calibre”. La prensa local señaló que las víctimas iban a recolectar maíz.
“Los cuerpos de las familias asesinadas fueron quemados dentro del camión en el que iban, y los cadáveres de los niños fueron descuartizados con machete”, detalló Rodas en un informe.
Familiares exigen justicia
En la morgue de la ciudad de Quetzaltenango, adonde fueron llevados 11 de los cuerpos, familiares exigieron “justicia”.
“Quiero que se resuelva este problema. Ya no se aguanta”, declaró casi en llanto una mujer que no quiso dar su nombre al exigir al presidente Alejandro Giammattei una pronta intervención para resolver el añejo conflicto territorial.
Vestida con su traje indígena, agregó que en la matanza murieron su hermana, su cuñado y cuatro sobrinos (dos niñas y dos niños) de 5, 12, 14 y 16 años.
“Que se haga justicia, que se investigue a esta gente que fue causante de todo esto y que se le dé castigo”, reclamó.
En mayo del año pasado, poco después de una nueva escalada de violencia entre los dos municipios habitados por indígenas maya-k’iche’, Giammattei decretó un estado de sitio e instaló una comisión para intentar resolver el conflicto.
