Nueva York.

Un grupo bicameral de legisladores federales demócratas envió una carta a la Casa Blanca expresando su desaprobación de la re-implementacioln del programa “Quédate en México” por el gobierno de Joe Biden e instaron que reviertan su expansión de ese programa condenando el uso de medidas “xenofóbicas” parecidas a las del gobierno anterior en lugar de otorgar acceso pleno al sistema de asilo de Estados Unidos.

“Escribimos para expresar nuestra alarma sobre la re-implementacioln del programa “Quédate en Mexico” (conocido formalmente como Protocolos de Protección del Migrante o MPP). escribieron a Biden 14 senadores y 23 diputados del partido del presidente. Señalando que entienden que el programa primero frenado por el presidente y su secretario de Seguridad Interna, Alejandro Mayorkas, tuvo que ser reiniciado por orden judicial, argumentan que eso no exime al gobierno de “reducir el costo humano” del programa.

Agregaron que “estamos particularmente decepcionados por la decisión de su gobierno de ampliar este programa” a nuevas poblaciones tal como los migrantes haitianos, limitar acceso a abogados, ampliar el programa a nuevos puertos de entrada en la frontera, y por la ausencia de un plan para priorizar el procesamiento de los que siguen en en espera bajo el MPP desde el gobierno anterior.

“Estas opciones sugieren que su administración ha tomado la decisión de normalizar y ampliar una política cruel de ‘disuasión” que fracasa en verdaderamente abordar las causas de fondo de la migración”, acusan los legisladores federales, encabezados por el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Robert Menendez y la diputada Verónica Escobar de El Paso, junto con colegas de alto perfil como los senadores Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Patrick Leahy y Cory Booker, y diputados como Joaquín Castro, Jesus “Chuy” García, Raul Grijalva, Alexandria Ocasio Cortez y Rashida Tlaib.

Le recuerdan que el gobierno de Biden condenó este programa desde un inicio porque “causa costos humanos injustificables e intolerables”. Señalan que las consecuencias humanitarias para solicitantes de asilo retornados a México bajo el programa incluyen más de mil 500 casos reportados de violencia, violaciones sexuales, secuestros y homicidios, y que las zonas fronterizas de México donde se implementa el programa son las mismas donde hay alertas contra viajes emitidas por el Departamento de Estado. Indican que al colocar a nuevas nacionalidades en el programa, el gobierno de Biden ahora está conscientemente sujetando a solicitantes de asilo a estos peligros.

Los legisladores afirman que “creemos que no hay una manera legal, segura y humana para implementar Quédate en Mexico”. Señalan que el gremio representando a los empleados del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos a principios de diciembre condenó la re-implementación del programa obligando a sus agremiados cómplices en violar tanto leyes nacionales como internacionales. Al mismo tiempo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados declaró que el gobierno de Biden no ha modificado de manera suficiente el programa para abordar las críticas sobre el programa. A la vez, resalta que 50 jueces de inmigración criticaron el reinicio del programa por su falta de imparcialidad y transparencia.

Concluyen: “Finalmente, solicitamos que el gobierno y DHS (Secretaria de Seguridad Interna) dejen de depender sobre esta política xenofóbica y den prioridad a la expansión de canales legales a Estados Unidos y protecciones a refugiados en el Hemisferio Occidental. Hasta que estén disponibles estos canales legales, Estados Unidos tiene que reiniciar el acceso seguro y ordenado a nuestro sistema de asilo y dejar de retornar a los solicitantes de asilo al peligro en violacion de nuestras leyes. Después de cuatro años de politicas antimigrantes crueles… un regreso a politicas de disuasión fracasadas no abordara la migración regional”. [Texto de la carta: https://www.menendez.senate.gov/imo/media/doc/menendez_escobar_mpp_letter.pdf]

Los legisladores están respondiendo en parte a crecientes críticas por agrupaciones de defensa de inmigrantes, organizaciones de derechos humanos y otros que han condenado el reinicio del “Quédate en México”.

El gobierno de Biden reitera que siempre ha reprobado el programa como “inhumano” y entre sus primeros actos en la Casa Blanca en enero fue suspenderlo, y que Mayorkas formalmente puso fin al programa en junio. Sin embargo, recuerda que en agosto un juez federal nombrado por Trump emitió un fallo declarando que el programa había sido cancelado incorrectamente y ordenó su reinicio.

La administración Biden apeló el fallo, pero hace una semana un tribunal de apelaciones rechazó su solicitud para revertir el fallo del juez federal y por ahora tiene que continuar cumpliendo con la orden de su re-implementación, algo que negoció con el gobierno de México. Mientras tanto, asegura que está buscando agilizar el proceso y promete que será guiado de manera “humanitaria”.

Pero agrupaciones defensores de derechos humanos y de migrantes y refugiados han mantenido desde siempre que no hay manera de implementar esta política sin violar derechos fundamentales. La Unión Americana de Libertades Civiles pronostica que su reinicio implicará más “abuso horrendo, incluyendo tortura, violaciones sexuales y muerte”. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU expreso preocupación sobre el efecto de este programa al obligar a migrantes a tomar aun mayores riesgos.

El gobierno de Biden ha retornado a México a unos 188 solicitantes de asilo bajo el programa hasta la fecha desde que lo reinicio a principios de este mes.

El muro

Por otro lado, el Departamento de Seguridad Interna, al concluir una amplia evaluación del muro fronterizo de Trump después de que Biden ordenó la suspensión de su construcción el primer día de su presidencia, anunció este lunes que impulsará varios proyectos para cerrar algunas brechas y para reparar problemas ecológicos y de limpieza provocados por la construcción de esa barrera en Arizona, California y Texas.

Entre los proyectos están algunos para prevenir inundaciones, frenar la erosión de tierra, desmantelar algunos sitios y almacenes de construcción y deshacerse de materiales no usados. Con ello, se espera proceder a llevar a su fin lo que se convirtió en uno de los proyectos de infraestructura más costosos en la historia del país.