Querétaro, Qro., La privatización del servicio de agua potable avanza en los municipios de Querétaro, Corregidora y El Marqués. Desarrolladores inmobiliarios han constituido en años recientes 22 organismos operadores para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento (Opsa), una figura mediante la cual comercializan el líquido propiedad de la nación con o sin concesión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pues están vinculados a políticos y funcionarios que mediante argucias legales les conceden la distribución.

El número y los nombres que reportan tanto la Comisión Estatal de Aguas (CEA) como la Conagua no son coincidentes. Mediante una solicitud de información pública, la primera respondió que son 14 y la segunda, 16. Al revisar los 10 años recientes de gacetas municipales, del periódico oficial La Sombra de Arteaga y la base de datos del Registro Público de Derechos de Agua (Repda), se detectó que los Opsa surgieron entre 1995 y 2020.

A diferencia de los municipios, que cuentan con organismos públicos operadores del agua potable, en Querétaro sólo San Juan del Río tiene una junta que se encarga de ese servicio, no así los 17 restantes, lo que han aprovechado los inversionistas inmobiliarios.

Además, 45 por ciento de los Opsa fueron constituidos en forma irregular porque no cuentan con un título de extracción de aguas nacionales y se desconoce la cuenca de donde lo obtienen; 55 por ciento poseen concesión de la Conagua.

Los únicos beneficiados de la privatización del servicio son los desarrolladores inmobiliarios porque aparte del cobro del agua, obtienen condonaciones en el pago de impuestos y autorizaciones de construcción sin cumplir todos los requisitos, lo que deja a los usuarios en el limbo porque las autoridades los deslindan de cualquier responsabilidad administrativa, civil o penal por el servicio de distribución del líquido.

Un ejemplo es el Organismo Operador Independiente del Sistema de Suministro y Tratamiento de Aguas del Fraccionamiento Polo & Ski, que surgió para brindar servicio al conjunto habitacional del mismo nombre.

La CEA otorgó la factibilidad de dotación de infraestructura hidráulica en forma condicionada cuando empezó la construcción del desarrollo inmobiliario, en 2011, pero tres años después, junto con el gobierno municipal de El Marqués, se declaró incompetente para garantizar la infraestructura. Con esa justificación y que la empresa había ampliado su objeto social para suministrar el servicio, fue constituido el OPSA.

Polo y Ski, SA de CV, cuyo principal accionista es Mario Calzada Mercado, primo del ex gobernador José Eduardo Calzada Rovirosa y ex presidente municipal de El Marqués, surgió como sociedad mercantil en 2010. Dos años después el cabildo le autorizó la licencia de ejecución, el proyecto de lotificación, la nomenclatura de vialidades y venta provisional de lotes del fraccionamiento residencial y comercial, en el predio ubicado en la carretera estatal El Paraíso-Chichimequillas. En total fueron 397 predios unifamiliares en un área de 690 mil 482 metros cuadrados, autorizados mediante la renovación de un permiso de factibilidad otorgado por la CEA, pero para 416 y cuya vigencia ya estaba vencida.

En septiembre de 2015, durante la administración de Enrique Vega Carriles (2012-2015) el cabildo aprobó que Polo & Ski SA de CV se constituyera como Opsa para operar en el polígono de 690 mil 482 metros cuadrados y que se encargara del abasto del agua potable, luego de que esa compañía amplió su objeto social para prestar de manera comercial el suministro del líquido y funcionar a través de empresas filiales o subcontratadas y con el aprovechamiento de pozos de aguas del subsuelo.

Tres años después, emitió otro acuerdo en el periódico oficial con características similares, el cual señala que la empresa ya cuenta con un título de concesión de uso y aprovechamiento de aguas otorgado por la Conagua, que ampara un volumen de 240 mil metros cúbicos anuales, pero que ese acuerdo estará sujeto a los usos y volúmenes que “sean autorizados por las autoridades” a favor de la compañía Polo & Ski SA de CV.

En el acuerdo, el cabildo se deslindó de toda responsabilidad “frente a usuarios o terceros, sea de carácter fiscal, civil, laboral o administrativa o de cualquier otra naturaleza”, en caso de que Polo & Ski incumpla con su responsabilidad, práctica que fue detectada en las autorizaciones para otros Opsa.

En el Repda no aparece concesión alguna a nombre de Polo & Ski. La CEA y la Conagua tampoco lo mencionan como Opsa en la respuesta a una solicitud de información.

En Querétaro no existe una ley estatal que regule el suministro del agua; por ello la proliferación de los Opsa crea un marco de ilegalidad, consideró Claudia Elvira Romero Herrera, integrante de la organización Bajo Tierra Museo del Agua, porque “se empiezan a tomar extractos de todas las leyes, incluidos la de Aguas Nacionales y el Código Urbano, y de pronto sale un reglamento municipal, pero no es muy sólido” en términos jurídicos; además, los usuarios quedan en el limbo, pues “nadie mete las manos (por ellos) porque es una cuestión entre particulares”.

En 26 años la Conagua ha otorgado 7 mil 817 concesiones de distinto tipo en Querétaro, según el Repda.