Organizaciones ambientalistas rechazaron el desmantelamiento de las instituciones de este sector en el país. La desaparición de los institutos Nacional de Ecología y Cambio Climático (Inecc) y del Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), apuntaron, representa “un retroceso” para garantizar el derecho a un medio ambiente sano.
Luego de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) confirmó la extinción de ambos institutos con el objetivo –según afirmó– de eficientar la labor para atender las causas de los problemas ambientales, las organizaciones destacaron que el Inecc y el IMTA han contribuido a atender dos temas vitales de seguridad nacional: el cambio climático y la seguridad hídrica.
La Red de Género y Medio Ambiente (Rgema) –conformada por organizaciones civiles, académicas y activistas– señaló que la eliminación de las instituciones ambientales “no abona a terminar con la corrupción, la ineficiencia y las perspectivas neoliberales”; por el contrario, dijo, “facilita el extractivismo y la pérdida de nuestra riqueza natural y la soberanía nacional”.
Además, apuntó, en un escenario donde los conflictos socioambientales y la persecución a defensores del medio ambiente “se acrecientan, resulta indispensable fortalecer las políticas e instituciones que atiendan las causas que generan estas disputas por los recursos naturales y el territorio”.
Por su parte, el Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente (Ceiba) consideró que la iniciativa de desaparecer los institutos “es contraria a la lógica de separar las funciones de política, gestión y regulación ambiental, climática e hídrica” –ejercidas en la actualidad por la Semarnat y la Conagua– de las de naturaleza técnica para articular el conocimiento científico con la formulación de políticas, desarrolladas por organismos auxiliares que necesitan autonomía de gestión.
Por ello, indicó, la iniciativa “debe ser desechada”, ya que además de ser un “retroceso” en materia de derechos humanos, “se contrapone a principios jurídicos previstos en la Constitución y en tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano” para atender la crisis del cambio climático.
El Ceiba hizo notar que el Inecc y el IMTA apoyan a las autoridades que integran el Estado mexicano para garantizar los derechos humanos a un ambiente sano y a la disposición y saneamiento del agua, establecidos en la Constitución mexicana. En tanto, integrantes de la Rgema plantearon “una discusión nacional con participación amplia y plural” para fortalecer las instituciones ambientales y no su desaparición.
