De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con Petróleos Mexicanos (Pemex), la organización delictiva que encabezó de 2014 a 2018 el general Eduardo León Trauwitz posibilitó la sustracción ilícita de 11 millones 876 mil 644 barriles de combustible en el ducto Minatitlán-México y de 962 mil 756 barriles en el ducto Madero-Cadereyta.
La información fue otorgada por el Ministerio Público Federal ante jueces de control con sede en el municipio de Almoloya de Juárez, estado de México, para que se libraran órdenes de aprehensión en contra de los involucrados en la red de corrupción que permitió que grupos delictivos sustrajeran ilícitamente combustibles de los ductos de Pemex, lo que también consta en el amparo en revisión 353/2019, que resolvió el tercer tribunal colegiado en materia penal, y del cual posee copia La Jornada.
En los documentos se menciona que “al menos de 2014 a 2017 se han desplegado en forma permanente y reiterada conductas que tienen como finalidad cometer delitos en materia de hidrocarburos”, por lo que se acusó a todos los involucrados de cometer delitos que comúnmente se han denominado huachicoleo, y por ello se les consideró parte de una organización de delincuencia organizada.
En esa red de corrupción, el Ministerio Público Federal ha señalado que existieron “funciones de dirección, supervisión, identificación de mandos jerárquicos, división de tareas, de roles y estos aspectos, como ya se han indicado, presumiblemente acontecieron en Puebla, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tlaxcala y la Ciudad de México”.
Los jueces federales han considerado que la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo) “logró acreditar la sustracción” de 5 millones 135 mil barriles de diésel, “que corresponden a 816 millones 412 mil litros”; así como de “un millón 540 mil 306 barriles de gasolina Premium, que corresponden a 244 millones 889 mil litros; y 5 millones 196 mil 257 barriles de gasolina regular, que corresponden a 826 millones 138 mil 924 litros. Lo que da un total de 11 millones 876 mil 644 barriles, que se traducen en una cantidad de un mil 887 millones 440 mil 721 litros, sustraídos del poliducto denominado Minatitlán-México, con una extensión de 591 kilómetros, que pasa por la Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala y Veracruz”.
Asimismo, “se logró acreditar la sustracción de 962 mil 756 barriles de hidrocarburo, sustraídos del poliducto denominado Madero-Cadereyta, con una extensión de 848 kilómetros, que corre desde la refinería de Francisco I. Madero, ubicada en Madero, Tamaulipas, hasta la refinería de Cadereyta, en el estado de Nuevo León”.
Respecto de Eduardo León Trauwitz, las investigaciones refieren que ostentaba el rango de general brigadier cuando “asumió la Subdirección de Salvaguardia de Instalaciones Físicas de Pemex”, y que tenía “como finalidad principal coordinar las acciones operativas para proteger a Pemex contra cualquier riesgo a su patrimonio o amenazas, no obstante lo anterior no realizó esta cuestión y, contrario a ello, contaba con dos gerencias que estaban bajo su mando: la Gerencia de Seguridad Física y la Gerencia de Estrategia y Sistemas de Seguridad y Monitoreo, en las cuales tenía colaboradores directos”.
La FGR señaló que para evitar el robo de combustible en los ductos, “la paraestatal utilizaba de manera directa el sistema Leaklab, cuya función era detectar en tiempo real la falta de flujo de los ductos, para reportarlo de manera inmediata al área de Seguridad Física, pero no aplicaron el protocolo que ya se ha indicado con terminación PGO40, que señala que la Gerencia de Seguridad únicamente puede realizar la revisión de tomas clandestinas y dar parte a las autoridades sin manipularlas; por el contrario, lo que hicieron era manipular precisamente estas tomas clandestinas, contrario a la norma y desde luego también a lo que establecían las razones de seguridad y lo relativo a la optimización de evitar el robo de hidrocarburos”.
En ese contexto, explicó la FGR a los jueces, en lugar de dar vista a las autoridades y que realizaran acciones correctivas definitivas, se hacían “solamente reparaciones rústicas que permitían el reúso, incluso algunas de ellas ni siquiera estaban tapadas”.