España se encuentra atrapada en la espiral de aumentos al precio de la energía eléctrica más grave de su historia. Esta semana se alcanzó un precio promedio semanal de 300 euros (7 mil pesos) el megavatio hora (MWh), el cual no sólo es el más alto jamás registrado, sino que resultaba inimaginable hace apenas un año. En enero pasado ya se consideraba preocupante el haber roto la barrera de 50 euros por MWh; en julio se dispararon las alarmas al pasar de los 100 euros, y la nueva marca es simplemente inmanejable. Para colmo, consultoras e institutos de análisis estiman de manera unánime que la escalada de precios continuará a lo largo de todo 2022, e incluso hay previsiones de que no se estabilizará sino hasta 2024.
No se trata de meras cifras: el incremento de las tarifas eléctricas ha devastado la calidad de vida de millones de hogares, y para muchos ha sido el golpe de gracia en unas finanzas de por sí precarias. Las organizaciones que administran bancos de alimentos y otras formas de asistencia social conocen de primera mano el impacto entre los sectores más vulnerables: con la llegada del invierno, se ha disparado la demanda de donaciones de velas, linternas y colchas para afrontar el frío y la incapacidad de pagar el precio de alumbrarse durante las noches. Entrevistadas por La Jornada, habitantes de Madrid dan cuenta de la dramática situación: encender la calefacción, cocinar con el horno o poner la lavadora en horas punta se han convertido en lujos que no pueden permitirse, por lo que toda la familia debe reunirse a dormir en una sola habitación para entrar en calor o, de plano, hay que elegir entre pagar la luz o la comida, la renta o el transporte.
Las empresas que controlan el mercado eléctrico español –Endesa, Iberdrola, Repsol, Naturgy y EDP– achacan el alza de casi 500 por ciento a los incrementos en los precios del gas natural y a los impuestos cobrados por el Estado. Pero los hechos son que España ostenta los precios de la electricidad más altos de Europa, pese a que toda la región enfrenta el mismo encarecimiento del hidrocarburo, y que estos aumentos no se han detenido, pese a las medidas fiscales y la reducción del IVA por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Así, el descontrol en las tarifas que cobra el oligopolio conformado por las compañías referidas debe explicarse por una peculiaridad hispánica: la entrega total de este sector estratégico a manos privadas y la completa desregulación del mismo, de acuerdo con los dogmas neoliberales que dejaron al Estado –y a todos los ciudadanos– inermes ante el afán de lucro y la falta de escrúpulos de dichas firmas, algunas de las cuales están inmersas en acusaciones de manipulación del mercado en beneficio propio.
La indefensión de la sociedad española frente a la arbitrariedad de las empresas a las que se les entregó el sector eléctrico en las décadas de los 80 y 90 constituye un espejo ineludible en momentos en que México debate el futuro de su industria y encara dos alternativas de enormes consecuencias: por un lado, repetir la experiencia hispana de liberalización y rendición nacional a los caprichos del mercado y, del otro, la recuperación de su rectoría y capacidad de planificación sobre esta infraestructura esencial para el desarrollo nacional y el correcto funcionamiento de la vida cotidiana.
