Mexicali, BC. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la suspensión del decreto emitido el 7 de octubre pasado por el anterior gobierno estatal, encabezado por el morenista Jaime Bonilla Valdez (2019-2021), en el que se condonaban 2 mil 383 millones de pesos de los 5 mil 800 que adeudaban en ese momento los ayuntamientos de Tecate y Ensenada al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Gobierno y Municipios del estado de Baja California (Issstecali).

Mediante los oficios 9289/2021 y 9292/2021, fechados el 15 de diciembre, la SCJN efectuó la notificación al Poder Legislativo del estado y a la Consejería Jurídica del gobierno de México.

Dicha resolución fue resultado de la controversia constitucional 199/2021 que presentó el Congreso estatal contra dicho decreto publicado a 24 días de que concluyera la gestión de Bonilla Valdez.

En ese documento, el ex mandatario estatal justificaba la medida con base en “el sumo interés” del Poder Ejecutivo por la salud financiera de las administraciones municipales y consideró que “la situación crítica” de Tecate y Ensenada, debido a la insolvencia económica que tenían, le impediría cumplir con dichas obligaciones.

Además, para tal efecto, el ex gobernador promovió la creación del Comité de Presidentes Municipales de la entidad (Comunes), integrado por cuatro demarcaciones bonillistas (afines al político): Tijuana, Ensenada, Tecate y Rosarito, que apoyaron el citado escrito.

En éste instruía a las autoridades del Issstecali a realizar una reunión extraordinaria de la junta directiva para efectuar la quita de los recargos por el impago de las dos localidades referidas. En dicha asamblea estuvo en contra la dirigente de la Sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, María Luisa Gutiérrez Santoyo; mientras se ausentó el líder sindical de la burocracia, Manuel Guerrero, diputado local morenista.

Finalmente, el descuento al adeudo se aprobó con la anuencia de la mayoría de los funcionarios estatales, entre ellos Odilar Moreno, director del Issstecali y locutor de la empresa televisiva de Bonilla.

La 25 Legislatura acudió a la SCJN para promover una controversia constitucional al respecto con el argumento de que dicha acción afectaría a los empleados del estado. A su vez, el Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación presentó un amparo colectivo ante el Poder Judicial de la Federación; 684 de sus agremiados solicitaron la protección de la justicia federal.

Cabildos no pagan las aportaciones patronales

Los compromisos económicos que tienen los ayuntamientos con el Issstecali son resultado de que no pagan las aportaciones patronales y usan para gasto corriente las cuotas para la seguridad social de los trabajadores, las cuales les descuentan vía nómina y supuestamente les garantizan servicios médicos, gastos funerarios, así como una pensión al momento de su jubilación. Actualmente lo que deben los municipios (a excepción de Tijuana) y el propio gobierno estatal al instituto suman 10 mil 683 millones de pesos.

A fin de pagar la parte que corresponde al estado, a un mes de iniciada su gestión, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, también de Morena, pidió a los diputados locales la aprobación de un crédito de 2 mil 500 millones de pesos.

El presidente del Congreso de Baja California, Juan Manuel Molina, confirmó la notificación de la resolución de la SCJN.

Explicó que el Poder Legislativo cuenta con facultades para interponer este tipo de juicios cuando considera que “son indebidos los actos de un poder público. Ensenada ha sido el más incumplido en todo y nos parece que querían premiar el incumplimiento, eso iba a generar un menoscabo en el patrimonio del Issstecali, aparte de que no estaban abonando nada a capital”, sostuvo.