El ejercicio de revocación de mandato se ha convertido en un duelo de poderes entre el morenismo o, más propiamente, el obradorismo, y la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE). De un lado se empuja dicho ejercicio como una forma de demostrar la ratificación popular al mandato de Andrés Manuel López Obrador, y por otra parte, Lorenzo Córdova y Ciro Murayama buscan demostrar que les es imposible en términos presupuestales cumplir con el encargo, a la vez que ese entrampamiento les permite afinar las posibilidades de que el consejero presidente pueda convertirse en figura electoralmente atractiva para la oposición rumbo a 2024.

En el contexto de ese forcejeo político, ayer se conoció la propuesta de Córdova de aplazar aspectos del revocatorio, aunque manteniendo el tema de la validación de firmas. Los consejeros del INE con derecho a voto recibieron la fundamentación de tal propuesta para discutirla y aprobarla o rechazarla hoy, en una sesión extraordinaria de Consejo General.

El motivo de ese planteamiento es el presupuestal, según se señala. No es que se busque cancelar el ejercicio revocatorio, sino que se desea “hacerlo bien”, y con la insuficiencia de recursos no se podría cumplir con el mandato, argumenta la cúpula del INE.

Pero el punto controversial no está en los procedimientos ni en los plazos, sino en la carga de responsabilidad que el movimiento obradorista adjudica a Córdova en función de que estuviera obstruyendo la realización del ejercicio multicitado. Justamente ayer se anunció la entrega al INE de un millón 600 mil firmas más de apoyo, por parte de la organización Que siga la democracia. Falta la validación, pero los activistas aseguran que han rebasado ya el mínimo de firmas requeridas.

En caso de aprobarse hoy la postergación, se habrá entrado a un callejón con un par de salidas: que la Corte ordene a la Cámara de Diputados que refaccione adecuadamente al instituto electoral para cumplir con el encargo especial, a realizarse en abril de 2022, lo cual fortalecería a Córdova y su grupo, o que el activismo del morenismo-obradorismo se vuelque en la impugnación vigorosa a Córdova y cree condiciones que lo lleven a dejar su cargo a tiempo y quedar disponible para una candidatura, aun cuando ha insistido en que se retirará a un cubículo universitario cuando deje el INE.

El reto de posponer el revocatorio (y el número de votos que se produzca en uno u otro sentidos en el Consejo General) habrá de significar estabilidad o inestabilidad para Córdova. Ha lanzado su apuesta más alta hasta ahora y de inmediato el presidente de Morena, Mario Delgado, ha hablado de “golpe a la democracia”. Es probable que de la manera en que se resuelva este episodio dependa su continuidad en el cargo de presidente de ese instituto.

Ya no tuvo continuidad la Alianza Federalista que en su momento alineó a gobernadores provenientes de partidos contrarios a Morena y sus aliados. Formalizada en septiembre de 2019, esa agrupación pretendió restar presencia a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), a la que concurrían todos los mandatarios estatales, más allá de sus adscripciones partidistas.

Cada vez son menos los gobernadores opositores al obradorismo y cada vez hay entre ellos más divisiones en lo general, y ambiciones en lo particular, de tal forma que ayer el de Guanajuato, panista, anunció que debe darse sana sepultura a la formación federalista. Lo dijo el día en que López Obrador recibió a los mandatarios de todo el país en su tierra natal, Tabasco.

Y, mientras se sigue retrasando el obligado diálogo de la directora del Conacyt y del nuevo director del CIDE con los alumnos y la comunidad en general de este centro educativo, ¡hasta el próximo lunes, con la DEA informando que las redes sociodigitales están siendo usadas en Estados Unidos por cárteles mexicanos para entregas a domicilio, en particular mediante YouTube, Facebook, TikTok, Messenger, Instagram y Snapchat!

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