Ciudad de México. El modelo de negocio de las empresas dedicadas al reparto de comida y mercancías mediante aplicaciones digitales no sería factible sin la infraestructura física y de conectividad que tiene la Ciudad de México y la mayoría operan sin ninguna responsabilidad social con la ciudad ni con sus trabajadores, señaló la secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González Escobar.

En entrevista con este diario, dijo que el gravamen de 2 por ciento que se aplicará a dichas plataformas, aprobado por el Congreso local como parte del paquete económico para 2022, es el primer paso para su regulación y el siguiente será mejorar las condiciones de trabajo de los repartidores, a quienes, con el argumento de que son asociados del negocio, no se les respetan sus derechos laborales.

Insistió en que la medida no afecta a los empleados ni al consumidor, ya que lo que se gravará es la comisión que las plataformas cobran a los establecimientos por entregar sus productos, la cual llega a ser de hasta 30 por ciento del valor de las mercancías.

Por ello, dijo la funcionaria, no se trata de un impuesto, sino de un aprovechamiento que no tiene un propósito recaudatorio, ya que se prevé que los ingresos por esta acción no superen los 250 millones de pesos anuales, que es lo que se obtiene por la cuota que se cobra a las empresas que proporcionan el servicio de taxi por medio de aplicaciones, muchas de las cuales ampliaron su modelo de negocio al reparto de mercancías.

“Por eso, no es un tema recaudatorio, sino de justicia social, y si me apuras, hasta laboral” porque abre la puerta para que podamos regular la situación de los trabajadores de esas empresas”.

Dijo que se trabaja en una estrategia para mejorar las condiciones de los repartidores que incluye una propuesta de reforma a la ley laboral. “Lo que queremos es que (las empresas) sean responsables sociales con la ciudad y con su trabajadores”, subrayó la secretaria.

Tampoco, aclaró, es una regulación al comercio digital, pues en el caso de empresas como Amazon o Mercado Libre, la medida no aplica, ya que éstas tienen empresas de logística legalmente constituidas y que otorgan las prestaciones de ley a todos sus empleados.

Sin mencionar a las empresas que deberán pagar este impuesto, subrayó que no se aplica al valor del producto que se comercializa, no se refleja en los costos de distribución, ni en las propinas de los repartidores ni en el valor del producto como tal, sino en la acción de intermediación que realizan las plataformas.

Tenencia, impuesto que más se evade

La secretaria de Finanzas admitió que el impuesto que más se evade en la ciudad es el de la tenencia vehicular, con 2 mil millones de pesos perdidos en los pasados cinco años.

Apuntó que en lo referente a la obligación de que los autos adquiridos y que circulan en la capital del país sean emplacados en la ciudad, lo que se ha hecho es reducir los trámites para facilitar su cumplimiento.

Agregó que lo anterior es un obligación, por lo que quienes no emplacan sus automóviles en la ciudad para no pagar la tenencia, “cometen evasión fiscal y es un delito” y así está estipulado en la ley.

Sin embargo, aclaró que no se está proponiendo perseguir a quien no lo haga, sino, insistió, en facilitar la realización del trámite.

Subrayó que la multa establecida en el artículo 464 del Código Fiscal, que ya existía, no es algo que pueda aplicar un policía ni un impedimento para realizar cualquier otro trámite.