El proceso de extradición del ex diputado federal del Partido del Trabajo y ex jefe delegacional de Coyoacán Mauricio Toledo Gutiérrez avanza, luego de que la Fiscalía de la República de Chile manifestó en audiencia en la Corte de ese país la posible responsabilidad del ex funcionario en la comisión del delito de enriquecimiento ilícito, por lo que explicó que no se le persigue por su militancia partidista, señaló la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina.

La vocería de la FGJ señaló que la audiencia de extradición en contra del también ex perredista continuará este viernes, y una vez que se desahoguen las pruebas para las que no existe un plazo determinado, el ministro tendrá cinco días para emitir la sentencia correspondiente.

La Fiscalía de Chile “ha manifestado la posible acreditación de doble criminalidad tanto en Chile como en México, y que se trata de un delito extraditable, además de hacer referencia a los tratados internacionales que obligan a las partes y la excepción de que no existe persecución política; esto es así porque se trata específicamente de un delito de lucro de alguien que ocupó cargos políticos y que se benefició de ellos y no se le persigue por sus ideas o militancia partidista”.

En un mensaje transmitido en redes sociales, la FGJ indicó que la Fiscalía de Chile argumentó que “el requerido es mexicano, por lo que no es una excepción de no extraditar a un connacional”, además de que “se trata de un hecho conocido como delito y que no está prescrita la acción penal”.

Es un procedimiento

Posteriormente, la fiscalía de aquel país invocó un fallo mexicano acerca de que la extradición no es un juicio, sino un procedimiento administrativo; además, se presentaron dictámenes de peritos en materia de contabilidad que dejan claras las cantidades no justificadas de conformidad a lo registrado en sus ingresos.

También refirió que con motivo de la posible comisión de un delito, se realizó el juicio de desafuero de Toledo en la Cámara de Diputados en agosto pasado, por lo que recordó que “integrantes parlamentarios de su propio partido votaron a favor del desafuero y la votación fue por mayoría”.

De acuerdo con la indagatoria de la FGJ, en septiembre del año pasado la Fiscalía de Servidores Públicos inició una carpeta de investigación en contra de Toledo, donde se acreditó un incremento inexplicable de su patrimonio.

La FGJ reconoció la colaboración activa de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el proceso contra Toledo, además de que confió en que las autoridades de la República de Chile “harán lo propio para lograr la extradición del ex servidor público mexicano a fin de que sea posible presentarlo ante un juez de control capitalino para que rinda cuentas por los hechos que se le imputan”.