Nueva York. La disputa sobre el manejo de millones de documentos y un desconocido número de testigos secretos que conforman la evidencia de los fiscales estadunidenses contra Genaro García Luna estaba este miércoles al centro de otra audiencia judicial preliminar para el eventual juicio del ex secretario de Seguridad Pública programado para iniciar el 24 de octubre de 2022.

“Este es un caso particularmente complejo”, afirmaron los fiscales ante el juez federal Brian Cogan, al señalar que el acusado “fue un funcionario de rango de gabinete” en México y por lo tanto requiere que las fuentes –incluyendo testigos mexicanos– y una parte del material sean protegidos bajo normas de seguridad nacional.

Pero César de Castro, el principal abogado de defensa de García Luna, argumentó que era sumamente difícil evaluar la evidencia. Indicó que la fiscalía ya ha compartido “millones de documentos” y que “la mayoría no hace referencia a García Luna”. Más aún, hasta ahora “no hay evidencia de criminalidad, ni vínculo con el narcotráfico” en todo este material. Señaló que su cliente “fue la cara del gobierno mexicano” en asuntos de inteligencia con Estados Unidos, y que “se había reunido con los niveles más altos del gobierno estadunidense, incluyendo el FBI y la CIA” cuando era secretario de Seguridad Pública, y por lo tanto eso complica evaluar la supuesta evidencia de los fiscales en este caso.

Más aún, argumentó que una demanda interpuesta por el gobierno mexicano contra García Luna y sus familiares y socios en Florida también está complicando este caso en Nueva York.

Por ahora este tema del manejo de la evidencia será evaluado por el juez Cogan y los fiscales durante los próximos meses y hoy no hubo determinación sobre el asunto.

Por otro lado, el juez Cogan, encargado del proceso judicial de García Luna en el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York, también postergó una decisión sobre la solicitud presentada por los fiscales para que el jurado que se instalará para el juicio de García Luna sea designado anónimo y parcialmente protegido –al igual que fue en el caso de Joaquín El Chapo Guzmán ante el mismo juez Cogan.

Según el argumento por escrito de los fiscales, esta medida es necesaria para “proteger la integridad del juicio y la imparcialidad del jurado” al prevenir “hostigamiento, intimidación u otra interferencia” contra los integrantes del jurado, como también “mitigar cualquier temor en la mente” de estos. Agregan que el caso aborda cargos “excepcionalmente serios” y que el acusado “tiene una historia de interferencia con el proceso judicial” dando el ejemplo de su papel como alto funcionario de seguridad en apoyo del negocio del cártel de Sinaloa, y que tiene “los recursos para interferir con el proceso judicial”. A la vez, otro factor es el “escrutinio intenso de los medios” que ha atado este caso.

El acusado, presente físicamente en el tribunal este miércoles, escuchó el intercambio sobre su caso a lado de su abogado defensor. Más delgado y disminuido físicamente que cuando era funcionario, ingresó a la sala con su uniforme de reo color caqui, y después de responder al saludo del juez se mantuvo en silencio, y sólo al final volteó a saludar a alguien más en su equipo de defensa colocando su mano sobre su corazón en gesto de gratitud antes de salir acompañado por un alguacil federal.

García Luna está acusado en Estados Unidos de que entre 2001 y 2005, cuando encabezaba la Agencia Federal de Investigaciones, y de 2006 a 2012, como secretario de Seguridad Pública de México, “aceptó millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa a cambio de otorgar protección para sus actividades de tráfico de drogas”. Los cargos incluyen participación en un negocio criminal, varios de conspiración para distribuir cocaína y hacer declaraciones falsas.

El procesado fue arrestado en Dallas por agentes federales el 9 de diciembre de 2019 y está encarcelado en Nueva York en espera de su juicio. El caso incluye la acusación a dos de sus ex subordinados, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, quienes son calificados como prófugos de la justicia de Estados Unidos.

El proceso continuará con otra audiencia preliminar programada para el 16 de febrero de 2022.