Colombia tiene una de las constituciones más adelantadas de América Latina. Paradójicamente, encabeza la lista de países que violan los derechos humanos. En 2021, según Indepaz, han sido asesinados 162 líderes sociales y 44 firmantes del proceso de paz. Cuando no existen condiciones de posibilidad para la aplicación del derecho, palabras, artículos y leyes del ordenamiento jurídico aterrizan en la realidad del papel mojado.
Los asesinatos contra defensores de los derechos humanos no son la única forma de atentar contra procesos de vida digna en Colombia. El campo jurídico es una herramienta más silenciosa. Los montajes judiciales también interrumpen la labor militante. El movimiento Congreso de los Pueblos lo sufre de forma grosera; “desde 2002 hasta hoy el Estado colombiano ha encarcelado a más de 150 de nuestros liderazgos y mantiene vigentes más de 400 procesos penales”, denuncia en un comunicado en el marco de otra persecución de la fiscalía contra una de sus dirigentes: Erika Isabel Prieto Jaime.
Pudimos acompañar a Erika en su trabajo social en Bogotá al inicio de la pandemia. En la entrega de material sanitario en las cárceles, defensa a trabajadores informales, reparto de alimentos a hogares vulnerables o el desalojo irregular de cientos de familias en pleno confinamiento. Entre tales tareas, vimos a Erika sacar tiempo para rescatar de la calle a animales abandonados, participar en eternas reuniones virtuales o acompañar a la juventud de los Escudos Azules, primera línea durante el Paro Nacional. La calidez y calidad humana que desprende esta defensora de la vida se resume con palabras como amor, ternura y compromiso. Pero en su caso aplica mejor la palabra contagio. Erika es ante todo una contagiadora de alegría, sueños y esperanzas.
El 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, se presentó voluntariamente ante la Fiscalía General de la Nación para defender su inocencia. En declaraciones a los medios, esta licenciada en derecho afirmó “obviamente, hay mucho temor, porque yo sé lo que son los manuales del Estado, sé la injusticia que se vive dentro del derecho penal, sé cómo funciona todo ese ejercicio de los poderosos en Colombia, pero aun así creo que lo que hay que hacer es dar la cara, decir que lo que hemos hecho por transformar la vida de los empobrecidos, lo hemos hecho en total legitimidad, y que de ninguna manera tenemos que agachar la cabeza por eso”.
Su judicialización continúa estos días con una audiencia de legalización de captura, donde se decidirá si sigue el proceso en libertad o prisión preventiva. “La estrategia habitual de la fiscalía es intentar encarcelar a los defensores hasta que llega el juicio y ahí habitualmente el juez les absuelve, pero si han estado varios años en la cárcel les ha truncado la vida y su proceso organizativo”, afirma Luis Mangrané, abogado español de la Red Europea de Hermandad y Solidaridad con Colombia.
“Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, dice el artículo 12 de la Constitución colombiana. La Carta Magna de 1991 coincide con el proceso de modernización del Estado en sintonía con el Consenso de Washington. El proceso de neoliberalización en Colombia, a diferencia de Chile o Argentina, no llega de la mano de dictaduras militares, sino de un “Estado social de derecho”. Éste se pone al servicio del libre mercado y la ideología del emprendedurismo aplicando el clásico paquete: privatización, desindustrialización, flexibilización laboral, aumento del extractivismo, fortalecimiento del sector financiero o expansión de la frontera agrícola al servicio de la economía de la cocaína. Colombia no puede entenderse sin el narcotráfico y sus vínculos con Estado y sector financiero, que se manifiestan en estructuras como el paramilitarismo, grupos criminales creados por el Estado que atentan contra el movimiento social, protegiendo los intereses del gran capital. Política, guerra contrainsurgente y narcotráfico inyectan jugosos frutos al mundo financiero. Realidad tamizada por una Constitución que conjugando elementos liberales y socialdemócratas, favorece el consenso y la reproducción del orden.
La convivencia de esta fachada jurídica con la arquitectura de la violencia es síntoma de la capacidad de resistencia del pueblo colombiano. Pero también de una crisis anunciada. La que hoy se pone de manifiesto en las estructuras del Estado, subordinadas a los intereses de la geopolítica imperial estadunidense, con al menos siete bases militares en Colombia.
Estado y mercado pueden tratar de acabar con la resistencia popular. Asesinarla, encarcelarla, tratar de anularla. Pero el pueblo colombiano seguirá pariendo a contagiadoras de sueños como Erika, capaces de transmitir la certeza de que es posible cambiar el estado de cosas actual, y de que lo vamos a lograr. En declaraciones a Telesur antes de ser detenida expresó: “quiero decir a los muchachos que vienen siendo judicializados que lo más duro de esto es sentirse vencido, y pensar que porque uno llora y está triste eso está mal; eso es lo normal, lo anormal es que fuéramos como ellos, que no sintiéramos. Nosotros sentimos con todo el corazón, pero eso no quiere decir que no vayamos a vencer”.
