El pasado 20 de septiembre de 2018, por unanimidad, el Senado ratificó el Convenio 98, adoptado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1949 en Ginebra, Suiza. Este convenio es un instrumento internacional que busca dignificar los derechos de la clase trabajadora promoviendo la libertad de afiliación y otros mecanismos que tienen como fin fortalecer la democracia sindical y la contratación colectiva.
Entre otras cosas, este instrumento señala que los gobiernos deben proteger a los trabajadores contra todo acto de discriminación, intimidación y comportamientos que atenten contra la libertad de organización y de participación sindical. Para lograr dicho objetivo, así como para garantizar el libre ejercicio de la negociación colectiva, es necesaria la aplicación de los derechos fundamentales del trabajador y el fortalecimiento de los mecanismos para evitar la afiliación a sindicatos de protección patronal. Tanto las organizaciones sindicales como los empleadores deben trabajar de manera conjunta. Sólo así se podrá construir un nuevo modelo laboral más justo y democrático.
Si bien el Convenio 98 de la OIT se creó en 1949, entró en vigor a partir de 1951 en distintos países. En México, los gobiernos anteriores decidieron postergar su ratificación por más de 60 años, lo que representó un retroceso tanto en materia de política laboral a nivel internacional como en la organización y lucha sindical a escala nacional, la cual ha sido precursora de los grandes movimientos obreros a lo largo de la historia y ha sido la base de importantes transformaciones políticas, económicas y sociales.
En la actualidad, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha decidido tomar la responsabilidad histórica de saldar la deuda existente con las y los trabajadores del país, por lo que, desde la toma de protesta en 2018, los representantes del proyecto de nación, el movimiento obrero y el pueblo mexicano hemos luchado por garantizar condiciones laborales más justas y dignas. Este es sin duda el resultado del reconocimiento de que la mano de obra mexicana ha sido la base de la riqueza de nuestro país, sin importar si colaboran con las grandes empresas nacionales o con las multinacionales. Para seguir avanzando con este proyecto de nación, no podemos permitir que la clase trabajadora continúe sometida a condiciones precarias, incluyendo bajos salarios y explotación laboral, y a instituciones que deslindan a las y los empleadores de su responsabilidad patronal, faltando a los acuerdos laboral-contractuales y sociales.
Por esta razón, los sindicatos continúan siendo la mejor alternativa para proteger a la fuerza de trabajo. Aunque la existente tendencia a la baja en la tasa de sindicalización se ha ido revirtiendo en los pasados años, aún se necesita garantizar que dichas organizaciones cumplan con los principios de libertad y democracia sindicales. Debemos seguir luchando para evitar el avance de los sindicatos de protección patronal, los cuales reflejan una perversión total de los principios laborales, puesto que fueron creados para representar los intereses de los patrones a costa de los de la clase trabajadora.
En este contexto, el Día Nacional de la Democracia Sindical –que propuse y fue aprobado en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado el 9 de diciembre de 2021–, es y será un recordatorio permanente de que México marcha hacia la modernidad, la justicia y la libertad para beneficio de la clase trabajadora con la ratificación del Convenio 98 de la OIT.
La conmemoración de esta fecha, que se celebrará cada 20 de septiembre, no sólo representará simbólicamente una lucha histórica, sino que jugará un importante papel en la socialización de principios laborales de gran relevancia, como la negociación colectiva en el contexto del diálogo social, la libre afiliación de las y los trabajadores y la garantía de los procesos democráticos de elección para dirigencias sindicales.
La aprobación de este dictamen demuestra que la defensa de los derechos laborales es uno de los objetivos prioritarios del proyecto de nación impulsado por la Cuarta Transformación y por el presidente López Obrador. Sin embargo, para lograr que las y los mexicanos sean tratados con justicia y respeto en sus centros de trabajo, esta lucha requiere del acompañamiento del pueblo mexicano y de legisladores. Hoy más que nunca se requiere fortalecer y consolidar la democracia y la libertad sindical, así como la justicia y la dignidad laborales.
En mi opinión, esta oportunidad histórica no puede desperdiciarse. Se deben aprovechar los cambios que las y los miembros del Congreso de la Unión hemos discutido y aprobado para garantizar que no habrá retrocesos en la implementación del contexto jurídico; que no se puede dar marcha atrás en las conquistas y reformas para modernizar el mercado laboral; y que se avanzará hacia una sociedad más justa, más igualitaria y con una mayor dignidad para todas y todos los trabajadores.
