Al rendir su tercer informe anual de labores, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, afirmó que en su gestión se han roto “las estructuras de poder por las que abogados, despachos y representantes de intereses económicos traficaban influencias e impunidad al interior del Poder Judicial” y desarticulado “las redes clientelares de intercambio de favores”. Por ello, afirmó, la corrupción remanente en el Poder Judicial se conforma por casos aislados “y no por estructuras internas ni cotos que gocen de protección o del silencio institucional”.
Debe reconocerse que bajo el mandato de Zaldívar, el Poder Judicial ha experimentado una actualización y adquirido una importante conciencia social que permitieron desplazar al conservadurismo tradicional en asuntos tan trascendentales como la despenalización del aborto o del uso lúdico de la mariguana. Asimismo, se observa la voluntad de enfrentar prácticas corruptas históricamente enquistadas en el aparato de impartición de justicia, tales como nepotismo, tráfico de influencias, abuso de autoridad o soborno. Sin embargo, considerar desarticuladas las estructuras de poder y las redes clientelares al interior de esa rama del gobierno parece un aserto triunfalista y distante de la realidad que los ciudadanos encuentran cuando se ven en la necesidad de dirimir sus asuntos ante los tribunales.
No puede soslayarse, por otra parte, la continuidad de fallos y actuaciones muy insatisfactorios, como el consuetudinario otorgamiento de amparos a personajes poderosos que buscan evadirse de la justicia, entre los que resalta la deplorable protección a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, sobre quien pesan acusaciones por delincuencia organizada y lavado de dinero. Otros casos en que los fallos de los togados han sido notoriamente contrarios a la justicia y al interés nacional son los que paralizaron durante meses la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles por el afán de sabotaje de un grupo empresarial encabezado por Claudio X. González, mismo que suspendió la reforma a la ley eléctrica, pese al daño al erario y el evidente riesgo para la infraestructura estratégica que supone mantener vigente la contrarreforma neoliberal, o los que permiten a altos funcionarios carentes de escrúpulos seguir percibiendo sueldos insultantes y violatorios de la Constitución. En este último aspecto, el propio Poder Judicial se erige como uno de los principales ejemplos de dispendio, frivolidad y autoasignación de emolumentos injustificables en un país con tan grandes carencias como el nuestro.
Para garantizar al pueblo de México la justicia que, en palabras de Zaldívar, “históricamente le ha sido negada y que ha estado siempre al servicio del poder y del privilegio”, es imperativo que el Consejo de la Judicatura Federal emprenda una limpieza a fondo de sus estructuras, en la cual se incluya la hasta ahora aplazada remoción de jueces con reiterados fallos aberrantes, pues sólo de esta manera podrá revertirse el actual orden de cosas y garantizarse que “en los juzgados la gente encuentre verdadera solución a sus conflictos y protección a sus derechos”.
En suma, sin negar los avances logrados, son muchos los pendientes para responder al clamor popular de justicia, por lo que, antes de cantar victoria, el Poder Judicial debe sobreponerse al patente rezago que ostenta en el proceso de transformación nacional en curso.
