Bucaramanga. El reciente estallido social en Colombia dejó 46 muertos, informó la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en un reporte divulgado ayer.

Se trata de una cifra superior a los 29 casos que investigan las autoridades colombianas.

“Tenemos razones fundadas para sostener que en los casos de uso innecesario y/o desproporcionado de la fuerza se cometieron violaciones a los derechos humanos”, aseveró Juliette de Rivero, representante de la alta comisionada.

La oficina recibió información sobre la muerte de 63 personas: de ese número verificaron que 46 fallecieron en las protestas –44 civiles y dos policías–, la mayoría por armas de fuego.

En 28 de estos casos, elementos de la fuerza pública serían los presuntos perpetradores, de acuerdo con el informe de la ONU. Se trata de una cifra mayor a la documentada por Human Rights Watch de 25 víctimas.

En otros 10 casos la oficina de la ONU concluyó que los presuntos responsables fueron elementos no estatales en ciudades como Bogotá, Cali y Pereira. Además, manifestó su “preocupación” porque las autoridades no tomaron medidas para prevenir ataques armados de civiles contra los manifestantes.

La oficina en Colombia de la ONU pidió al gobierno investigar todas las muertes y no sólo las 29 que tiene a su cargo la Fiscalía por considerar que ocurrieron en el contexto de las protestas.

El Paro Nacional, como se denominó en Colombia a las manifestaciones que comenzaron el 28 de abril en contra de una reforma fiscal, se prolongó por tres meses pese a que el gobierno cedió y no aumentó los impuestos de inmediato. Esta movilización derivó en un reclamo generalizado por mejores condiciones de vida, sobre todo para los más jóvenes que exigían oportunidades y equidad, así como una reforma a la policía por las múltiples denuncias de uso excesivo de la fuerza.

Hubo protestas en todo el país y la mayoría fueron pacíficas. Sin embargo, en varios puntos se bloquearon vías que impidieron el libre tránsito de personas, alimentos e insumos médicos. Más de 3 mil civiles y policías resultaron heridos.

La mayoría de las víctimas fatales, concluyó la oficina, eran jóvenes de entre 17 y 26 años, vivían en barrios pobres y eran hijos de campesinos, indígenas, afrodescendientes o desplazados por la violencia.

Durante las protestas se reportaron 60 víctimas de violencia sexual. La oficina manifestó que en 16 casos los policías habrían sido responsables.

El informe también resaltó el diálogo entre las autoridades y los manifestantes para llegar a acuerdos, así como el compromiso del presidente Iván Duque de tener cero tolerancia a los abusos de la fuerza pública.

La oficina de la ONU recomendó al gobierno colombiano aplicar “los estándares internacionales relacionados con el derecho de reunión pacífica”, reparar a todas las víctimas y reforzar las investigaciones y sanciones.

Tras los cuestionamientos, el gobierno ha implementado una serie de reformas en la policía que incluye crear la Dirección de Derechos Humanos.

El informe basó su información en 600 entrevistas a víctimas y testigos, 500 reuniones con funcionarios, más de 370 con organizaciones de la sociedad civil, análisis forenses de los videos y misiones de verificación directa durante las protestas.

La víspera la oficina de la ONU llamó la atención sobre el uso desproporcionado de la fuerza de la policía que habría causado la muerte de 11 manifestantes entre los días 9 y 10 de septiembre de 2020 en Bogotá y Soacha, de acuerdo con un informe independiente que la ONU apoyó con asesoría técnica.

Horas después, en una ceremonia de ascensos en las fuerzas militares, el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, aseguró: “no hemos dado la orden para que se cometa ningún delito. La policía no ha masacrado a nadie, no hemos dado esa orden”.

En el mismo acto, el presidente Duque sostuvo: “prejuzgar y asumir comportamientos que no tienen el agotamiento de todos los principios del debido proceso es, en sí mismo, un ataque a la institución”.