La cifra de periodistas encarcelados por el desempeño de su trabajo en el mundo asciende a niveles récord, de acuerdo con un informe del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), pero en América Latina se han mantenido relativamente bajos, con un total de seis casos: tres en Cuba, dos en Nicaragua y uno en Brasil al 1º de diciembre de 2021. Sin embargo, estas cifras no explican plenamente la historia de deterioro de la libertad de prensa en la región.
El reporte publicado esta semana afirma que si bien la violencia mortal sigue siendo una de las principales formas de censura en países como México o Colombia, las tácticas para silenciar a periodistas en Latinoamerica y el Caribe están evolucionando y han aparecido en forma de leyes y fallos judiciales.
Cita el caso de Nicaragua, donde el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, respondieron a las protestas nacionales de 2018 con una campaña represiva contra la libertad de expresión, la cual se intensificó en 2021, cuando el periodista deportivo y comentarista político Miguel Mendoza y el gerente general del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holmann, fueron encarcelados en la prisión El Chipote en Managua. El primero fue acusado de conspirar contra la integridad nacional, y el otro enfrenta acusaciones de lavado de dinero y fraude aduanero. Los procesos judiciales contra ambos son ejemplo de la estrategia actual de las autoridades nicaragüenses que consiste en utilizar el sistema judicial para intimidar y castigar a las voces críticas de los medios.
En Cuba, el periodista Lázaro Yuri Valle Roca, quien cubre temas políticos y sociales en su canal de YouTube, se encuentra en prisión preventiva en un penal de La Habana, acusado de los delitos de desacato y propaganda enemiga. Las periodistas Mary Karla Ares, reportera del periódico comunitario Amanecer Habanero, y Camila Acosta, corresponsal del diario español ABC y colaboradora de Cubanet, están en la misma situación tras ser arrestadas cuando cubrían las protestas del 11 de julio. Las autoridades de la isla también reforzaron el control sobre el ciberespacio con nuevas regulaciones sobre la difusión de contenido digital y acceso a Internet en agosto.
En Brasil, el bloguero Paulo Cezar de Andrade Prado, quien escribe sobre política y deportes, cumple cinco meses de cárcel por una querella por difamación que data de 2016, según el comité de protección.
El informe completo del CPJ se puede consultar en: https://bit.ly/3sav5WG
