La Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Ciudad de México emitió tres recomendaciones –identificadas con los números 15, 16 y 17/2021– dirigidas a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario local por 40 casos de tortura cometidos por servidores públicos con diversos fines.
La presidenta del organismo, Nashieli Ramírez, dijo que en ellos se identificaron 89 víctimas, de las cuales 44 son directas de tortura y 45 indirectas, entre quienes hay mujeres agredidas.
“Siete de las 44 víctimas directas son mujeres y fueron agredidas con un patrón claro de violencia sexual, además de haber recibido golpes y violencia sicológica”; señaló que de los casos documentados en las tres recomendaciones, ocho de cada 10 se registraron entre 1997 y 2017, en tanto que el resto ocurrió entre 2018 y 2020.
Ramírez lamentó que “la erradicación de la tortura y de los tratos crueles, inhumanos o degradantes como medio para obtener información, lograr la incriminación de personas o bien para castigar e imponer disciplina y orden están lejos de erradicarse”.
En un conferencia efectuada en la sede de esa comisión, precisó que la recomendación 15/2021 es sobre la violación al derecho de no autoincriminación mediante tortura en delitos de alto impacto social, la cual fue enviada a la FGJ y a la SSC; la 16/2021 es por tortura contra personas privadas de la libertad en condiciones de riesgo que se perpetra en los traslados y fue hecha a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, mientras la 17/2021 tiene que ver con la tortura como forma de castigo a personas privadas de la libertad dirigida a esa misma dependencia.
Recomendó a las tres dependencias realizar acciones necesarias para coadyuvar en la inscripción en el registro de víctimas, además de coordinarse con el programa de lucha contra la impunidad de la CDH para revisar la situación jurídica de cada una de las indagatorias y, en su caso, la relación sobre responsabilidad penal en contra de servidores públicos.
También recomendó a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario modificar su normatividad interna y los protocolos de traslados de personas privadas de la libertad entre los penales.
