Ciudad de México. Por el uso innecesario de la fuerza que policías estatales implementaron durante un motín en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Mexicali, Baja California, el 24 de enero pasado, y por las condiciones inadecuadas que se tienen para los internos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) envío la Recomendación 100/2021 a la gobernadora de ese estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

En el documento, la CNDH expuso que el uso de la fuerza ejercida durante el motín en el Cereso de Mexicali por parte de la autoridad “no fue estrictamente necesaria, ya que, si bien es cierto que se hizo uso de otros medios disuasivos para restablecer el orden, la respuesta final fue el uso de armas no letales”. En ese contexto, añadió, las autoridades estatales no expusieron argumentos sólidos ni contundentes para señalar que se trató "de una acción real, actual o inminente, de tal suerte que de no haberlo hecho de esa manera, se generaría un peligro mayor hacia la población interna y hacia los servidores públicos del Centro".

Recordó que al final, 73 personas quedaron lesionadas por disparos de balas de goma, lo cual constituye una violación a su integridad física y psicológica, así como a su dignidad.

Agregó que además, en el Cereso de Mexicali predominan deficiencias que constituyen factores propiciatorios de ambientes de violencia física que afectan las condiciones que permitan garantizar la vida e integridad de las personas privadas de la libertad, una estancia digna, la gobernabilidad y el acceso a los medios para una reinserción social efectiva.

En atención a lo expuesto, la CNDH emitió una serie de puntos recomendatorios, entre ellos, que de manera inmediata se verifique y determine la funcionalidad del Cereso de Mexicali, bajo los estándares que garanticen los derechos humanos de las personas privada de la libertad, así como que se implemente un programa integral con estrategias y acciones que permitan consolidar en la entidad un sistema penitenciario respetuoso de las garantías, eliminando los factores de riesgo.

De igual manera, pidió que se lleven a cabo las acciones necesarias para que, en respuesta a una política pública integral y en tanto no se cuente con un nuevo centro de reclusión, se asignen los recursos para garantizar a los internos de dicho Cereso una estancia digna y segura, con la disponibilidad de espacios suficientes.

Asimismo, que se colabore con la CNDH en la queja que promueva ante el Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario contra las autoridades responsables del evento acaecido; se colabore en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que esta Comisión presente ante la Fiscalía del estado, en contra de quien o quienes resulten responsables.