El empequeñecido Partido Revolucionario Institucional (PRI) estrenó su presunta condición de “centroizquierda” y “antineoliberalismo” al anunciar que irá a remolque con el derechista Acción Nacional (PAN) y el residual De la Revolución Democrática (PRD) por cuatro gubernaturas el año venidero.

En tres de esos cargos el PAN tiene actualmente el poder: Tamaulipas, con Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado judicialmente en meses recientes y al que ahora la cúpula blanquiazul negocia junto con Ricardo Anaya para que cesen las “persecuciones”; Durango, donde el ex priísta José Rosas Aispuro hace méritos para canjear la plaza por algún cargo futuro en el gobierno federal, y Aguascalientes, gobernado por Martín Orozco, con un panismo dividido que coquetea con Movimiento Ciudadano. En Hidalgo está el PRI, con Omar Fayad, también ansioso por perder electoralmente para ganar personalmente.

La coalición denominada Va por México dejó fuera de su primer anuncio a Oaxaca (pues esperan cerrar tratos unitarios más adelante), donde el muratismo se ha pasado ostentosamente al flanco obradorista, y Quintana Roo, donde Carlos Joaquín González (hermano del tricolor clásico, Pedro Joaquín Coldwell, hijos ambos del poderoso empresario ya fallecido, Nassim Joaquín Ibarra) hace fallidas piruetas para no parecer priísta y sí opositor.

Tal vez para dar ejemplo extremo de que la suprema nómina federal está plenamente dispuesta a acoger a los ex gobernadores obedientes, sin tomar en cuenta e incluso en contra de los resultados desastrosos que hubieran tenido durante sus gestiones, Jaime Bonilla Valdez se apareció ayer en Palacio Nacional, en medio de versiones de que ocupará un cargo relevante, como ya había adelantado el propio Presidente de la República.

El caso más escandaloso de la atrabancada administración en Baja California de Bonilla Valdez (entre varios que no alcanzaron difusión nacional) tuvo como motivo la pretensión de forzar leyes e instituciones para quedarse tres años más en el Poder Ejecutivo de esa entidad, a pesar de haber sido elegido sólo para dos.

Por unanimidad de votos, los ministros de la Corte rechazaron las maniobras constitutivas de la llamada Ley Bonilla. El ministro presidente, Arturo Zaldívar, precisó que se estaba frente a un “fraude a la Constitución (...) un atentado contra los principios democráticos (...) y una maquinación donde se pretendió violar la voluntad popular”.

Preocupantes fueron cada una de las violaciones impulsadas por Bonilla, “pero apreciadas en su conjunto, e interrelacionadas, ponen de manifiesto un verdadero fraude a la Constitución: un efecto corruptor de rango constitucional”. Además, su sucesora morenista, Marina del Pilar Ávila Olmeda, lo ha acusado de irregularidades y opacidad en el manejo del erario.

A propósito de la Corte, ayer un ministro concedió una suspensión provisional en uno de los dos puntos presentados a juicio por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) a partir del acuerdo presidencial del pasado 22 de noviembre que blinda obras y proyectos del gobierno obradorista.

En esencia, y a reserva de la resolución sobre constitucionalidad que se producirá más adelante, se obliga al gobierno federal a justificar legalmente su pretensión de eludir la transparencia en esos temas al declararlos de interés público o seguridad nacional. Pero no se aceptó la impugnación relacionada con la eliminación de los procesos administrativos de licencias, permisos y otros actos normativos, conforme establece el citado acuerdo.

Y, mientras uno de los villanos favoritos andresinos, Germán Larrea, uno de los hombres más ricos del país, principal accionista de Grupo México, contaminante y abusivo por definición, se ha reunido con el Presidente de la República en Palacio Nacional, ¡hasta mañana!

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