Por esta fechas, pero 23 años atrás, priístas y panistas, tomados de la mano, aprobaron la ilegal deuda del “rescate” bancario de 1995 y se la endilgaron a cuando menos tres generaciones de mexicanos, lo que constituyó no solo un crimen, sino un delito de lesa patria. Desde entonces, del erario ha salido más de un billón de pesos para pagar el eterno adeudo del Fobaproa-Ipab y aún resta una cantidad similar para saldarlo, si es que algún día se logra, en lo que constituye uno de los más grandes atracos a la nación, mientras los políticos y banqueros responsables se mantienen impunes.
Con el correr de los años, la pretensión de los prianistas (gobiernos, partidos políticos, legisladores y banqueros) ha sido enterrar este delito, pero tan brutal resultó el atraco cometido que les ha resultado imposible. Por eso vale la pena recordar cómo se cocinó el asalto a la nación, con el pretexto de “rescatar” a los barones del capital. Así, se retoman algunos pasajes de tan negra efeméride, publicados en este espacio. Va, pues.
El 9 de diciembre de 1998 Felipe Calderón, entonces presidente nacional del PAN, aseguraba que su partido “no votará a favor de la propuesta oficial sobre el Fobaproa”. Ese día, la directiva panista sostuvo dos reuniones –en una de ellas estuvo presente el gobernador de Guanajuato, Vicente Fox, y el ex candidato presidencial Diego Fernández de Cevallos– con los dirigentes de sus fracciones parlamentarias, en las que determinaron “no aprobar ni un centavo para el servicio de la deuda del Fobaproa”.
Un día después, por la mañana, Felipillo reiteraba que su partido “no votará en la Cámara de Diputados el Fobaproa”, y aseguraba que “el problema bancario y financiero es producto de la ineptitud gubernamental que ahora implica causar un daño irreversible para muchas generaciones; se desecha por improcedente la iniciativa y pretensión de Ernesto Zedillo de convertir a deuda pública los pasivos del Fobaproa. ¡No al Fobaproa!”.
Por la noche del 10 de diciembre de 1998 se conoció que el PAN “llegó a un acuerdo con el Ejecutivo en torno al Fobaproa (lo que fue negado tajantemente por Calderón) y los priístas “apuestan a que Medina Plascencia maneje bien la situación al interior de su bancada y el dictamen que crea el Ipab se aprueba el 12 de diciembre. Parte del acuerdo PAN-gobierno era no difundir la concertacesión, pero un gobierno presionado y un PRI desesperado se encargaron de filtrar el convenio, negociado en el Club de Banqueros”.
Además, el PRI y Zedillo aceptaron algunas propuestas panistas, entre ellas la reforma para que el capital extranjero participara al 100 por ciento en los tres grandes bancos del país (Banamex, Bancomer y Serfin). El presidente de la Asociación de Banqueros de México, Carlos Gómez y Gómez, anunció: “tenemos Fobaproa este fin de semana”.
Y lo tuvieron. El 13 de diciembre de 1998 el secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Germán Martínez, presumió: “ha quedado cerrada la herida; terminó el debate del Fobaproa, ya no podrán seguir lucrando con el Fobaproa, los panistas seguiremos cerrando las heridas de los problemas nacionales”.
Ese mismo día Calderón intentó justificar lo que había negado: la aprobación del Fobaproa-Ipab por parte del PAN, porque “si no, el sistema financiero mexicano hubiera quebrado, el peso mexicano hubiera dejado de tener el apoyo del Banco de México, y se hubieran registrado efectos mucho más graves que su costo fiscal actual de 320 mil millones de pesos... el panismo pretende reducir hasta la mitad el saldo...”.
La crónica de ese día señalaba: “la conferencia de prensa de Calderón fue apresurada, pues al dirigente nacional del PAN (Calderón) le urgía presenciar la final del partido entre Necaxa y Chivas... Cinco de los seis gobernadores panistas en el país (Fox, Canales Clariond, Loyola, González Alcocer y Felipe González) se presentaron en la sede nacional del blanquiazul para apoyar al Comité Ejecutivo, a los diputados y senadores en torno a las decisiones relacionadas al problema bancario y financiero en el país”.
Felipe Calderón se comprometió a dar “una explicación pública a los mexicanos de por qué el PAN aprobó la iniciativa. La haré a fin de evitar consecuencias de tipo electoral y político para mi partido”.
Las rebanadas del pastel
Veintitrés años y más un billón de pesos después (con otro billón en lista de espera), tal “explicación” sigue pendiente.