Un tribunal federal confirmó la sanción impuesta por la Secretaría de la Función Pública (SFP) contra un ex colaborador de Rosario Robles Berlanga en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) por irregularidades cometidas dentro del caso conocido como la estafa maestra.
Los castigos incluyen la inhabilitación para ocupar cualquier cargo público por 10 años y una multa por 158 millones 662 mil pesos, que es el monto del daño que causó al erario.
La SFP señaló que las irregularidades cometidas fueron descubiertas durante una auditoría, como ha ocurrido con todo el caso.
Una vez confirmados los hechos determinó “imponer la sanción en 2018, tras acreditar que la persona omitió en 2015 cumplir con sus responsabilidades como encargada de la entonces Dirección General de Programación y Presupuestación de esa dependencia”.
Los más de 158 millones de pesos fueron solicitados como una ampliación del presupuesto del Programa de Vivienda Rural que maneja el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares; “no obstante, fue ilegal y se omitió acreditar su uso y destino”, señaló la SFP.
El afectado apeló la sanción ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y también mediante un amparo, pero se confirmó luego de que fueran rechazados los recursos.
Robles permanece en prisión preventiva justificada bajo juicio por los cargos de ejercicio indebido a la función pública.