Al dar a conocer su informe de tres años de gestión como subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas aseveró que la crisis de derechos humanos heredada por las omisiones y falta de actuación de pasadas administraciones se está remontando. Sin embargo, reconoció que la impunidad para sancionar las principales violaciones representa el principal obstáculo, porque preservar la falta de castigo a los perpetradores impide superar la situación.
Encinas afirmó que un punto central para modificar la forma de afrontar esta crisis es el papel que se le confiere a las víctimas, no sólo de las más de 95 mil desapariciones, sino también del incremento de las violencias contra las mujeres, la disputa territorial de las comunidades indígenas frente a la presencia creciente del crimen organizado, los estragos de la pandemia, con un mayor número de suicidios de menores o violaciones a niños y adolescentes, y el incremento en el embarazo infantil por los abusos, al punto que este año hubo 10 mil 800 embarazos en niñas de 12 a 14 años.
En conferencia de prensa, destacó que “no sólo se trata de la creación de un programa de derechos humanos, sino de establecer acciones transversales con 23 instituciones involucradas de la administración pública federal para dar respuestas concretas a los diversos temas que involucran los derechos humanos.
Destacó que en este periodo, con la asesoría legal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se han logrado 355 sentencias condenatorias y atender a 47 mil 785 víctimas como parte de las acciones para reducir la impunidad, aun cuando reconoció la imperiosa necesidad de reformas en el sistema judicial para abatirla.
Desplazamiento forzado, uno de los problemas más graves
Encinas mencionó que el desplazamiento forzado en el país es uno de los problemas más graves porque impacta a las comunidades en la disputa por los recursos naturales, especialmente a los pueblos indígenas en muchas regiones del país. Urgió para que la ley en materia de desplazamiento forzado, que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, se apruebe en el Senado a fin de atender de forma integral este fenómeno.
Aseveró que se busca pasar de un diagnóstico y el señalamiento crítico en los diferentes ámbitos, entre los cuales también se incluye la defensa de periodistas y defensores de derechos humanos que han registrado agresiones o amenazas. En la actualidad hay mil 504 personas integradas al Mecanismo de Protección, de los cuales 493 son periodistas y mil 11 defensores de derechos humanos, por lo que es necesario adecuar el marco legal para deslindar responsabilidades y diseñar políticas preventivas.
Apuntó que paralelamente se mantendrá el apoyo a los gobiernos estatales para fortalecer las capacidades institucionales en los estados y así enfrentar las crisis de desaparición forzada y forense. Encinas señaló que se han canalizado 2 mil 198.7 millones de pesos a los gobiernos estatales, de los cuales mil 247 son para financiar la actuación de las comisiones estatales de atención a víctimas: 512 millones de pesos para ampliar los centros de justicia para las mujeres y 779 millones de pesos para la atención a víctimas, entre otros rubros.
