El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó publicar en el Diario Oficial de la Federación el decreto que declara Área Natural Protegida la Sierra de San Miguelito, en los municipios de Mexquitic de Carmona, Villa de Arriaga, Villa de Reyes y el correspondiente a la capital del estado, San Luis Potosí. Lo hizo con toda la amplitud demandada por ciudadanos organizados como Guardianes de la Sierra.

Tal decreto fue firmado el pasado viernes en Palacio Nacional por el presidente López Obrador y sus secretarios de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores González, y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Guillermo Meyer Falcón.

Con ello se puso fin a la parte principal (pero no única) de una larga batalla legal, social y mediática que inició el 4 de junio, cuando César Sánchez Ibarra, director general de Conservación para el Desarrollo, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), órgano descentralizado de la Semarnat, firmó y difundió el oficio DGCD/250/2021 que, en su parte crítica, determinó: “1. Se respetarán 1,805-48-42 ha al norte de la comunidad y se excluyen del proyecto en el citado aviso”, fraseo que en concreto determinaba que esas mil 805 hectáreas no fueran incluidas en la protección ambiental (y, con ello, los empresarios pudieran avanzar en la construcción que anunciaban con toda seguridad desde casi dos años atrás).

El 21 de julio, la responsable de la sección “Quién es quién en las mentiras”, Elizabeth García Vilchis, señaló tres veces como mentiroso al autor de estas líneas y, una semana después, éste acudió a la conferencia presidencial matutina y planteó: “vengo a señalar que no sólo no he mentido, sino que tengo toda la documentación y la argumentación, como periodista, para mostrar el fondo del asunto, que es finalmente lo que aquí importa, y ojalá el resultado del ejercicio que estamos realizando hoy desemboque en la posibilidad de que se frene el proceso de supresión de mil 805 hectáreas”.

Ahí mismo, el Presidente de la República defendió su política ambiental y a sus comisionados para tales efectos, y aseguró que no se haría nada dañino para el medio ambiente y que se privilegiaría el interés nacional. Esa palabra empeñada fue el momento más importante y trascendente, junto a la organizada resistencia civil de potosinos contra la voracidad de empresarios encabezados por Carlos López Medina, conocido como El Chato.

A fin de cuentas, este episodio deja saldos y lecciones: el Presidente de la República escuchó y corrigió ante la probanza de la maniobra de mandos de Semarnat-Conanp; el Presidente de la República emitió el decreto ambiental más importante de su administración, lo cual abre la puerta a fortalecer la organización y los señalamientos sociales en otras partes del país también afectadas por la mafia ambiental institucional y sus correlativos, empresarios e inversionistas depredadores; la difusión mediática puede ayudar, pero no sustituye la lucha social local, y la denuncia de malas acciones de servidores públicos debe entenderse como una forma de preservar la sustancia de la llamada Cuarta Transformación y no lo contrario.

Esta historia, sin embargo, no termina aún. Viene la reacción litigiosa y divisoria, tal vez incluso con maniobras de violencia física, de parte de los grupos empresariales empecinados en sacar adelante sus proyectos inmobiliarios, objetivo para el cual han repartido dinero entre autoridades ejidales y comunales y contaron con “errores” y trucos con cargo a funcionarios federales de diversos niveles.

Y, mientras el mando panista se emociona porque acordó con el secretario de Gobernación la instalación, el próximo 10 de enero, de siete mesas de diálogo con el gobierno federal, lo cual dará a éste un argumento de “apertura”, aunque en el fondo la aritmética dominante, la morenista, siga imponiéndose en la lógica de los poderes Ejecutivo y Legislativo, ¡hasta mañana!

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