A raíz del trágico accidente ocurrido el jueves pasado a las afueras de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que cobró la vida de 55 migrantes, la mayoría centroamericanos, y dejó a otros 104 con heridas de diversa magnitud, los gobiernos de México, Guatemala, Honduras, Ecuador, República Dominicana y Estados Unidos integraron el Grupo de Acción Inmediata (GAI) para hacer frente a las redes de tráfico de personas, la actividad delictiva que provocó el desastre referido y constituye una de las más despiadadas manifestaciones de la criminalidad transnacional.

En la instalación del grupo participaron los embajadores en México de los países referidos, así como altos funcionarios de la Fiscalía General de la República, el Instituto Nacional de Migración y las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y de Relaciones Exteriores; esta última tendrá a su cargo la coordinación de la instancia internacional.

El GAI tiene como tareas atender a las víctimas y a los deudos de la tragedia, pero también revisar los marcos jurídicos de los países que lo integran para homologar la tipificación de la trata y el tráfico de personas, a fin de elevar ambas prácticas a la categoría de delitos graves y meritorios de extradición; asimismo, supervisará y evaluará el desarrollo de las investigaciones y de las acciones de cada Estado y buscará “desarticular las operaciones de las redes de traficantes de personas y otros delitos conexos”.

Las anteriores son, sin duda, acciones urgentes para poner fin a modalidades delictivas de explotación y expolio de quienes se ven obligados a abandonar sus países de origen para escapar de la pobreza, la violencia, la descomposición social y la carencia de perspectivas de una vida digna.

No hay justificación posible para eludir el hecho de que el sufrimiento de millones de migrantes tiene como correlato un negocio ilegal que lo agrava, un negocio bien estructurado y con indudables complicidades en las instancias del poder público de los países de salida, tránsito y llegada del torrente humano que transita del sur al norte de este continente. Por añadidura, desmantelar las redes supranacionales del tráfico de personas resulta imperativo para evitar la repetición de episodios tan dolorosos como el ocurrido en la capital chiapaneca.

Pero más allá de la acuciante necesidad de acabar con las redes de polleros y enganchadores –de las que cabe presumir una estructura mucho más extensa de facilitadores, gestores, financieros, abogados, además de cómplices corruptos–, es necesario insistir en el combate a las causas sociales profundas de la migración, las cuales van desde las secuelas del prolongado vasallaje neocolonial que Estados Unidos ha impuesto en Centroamérica hasta las crisis coyunturales que esas y otras naciones expulsoras de población: las económicas, las ambientales y las sanitarias.

Es indiscutible que la responsabilidad primordial de este desastre humanitario corresponde a la superpotencia, no sólo por haber generado una descomposición multidimensional que incluye la promoción de guerras, la imposición de políticas económicas generadoras de miseria, marginación y desempleo, la inducción de fenómenos delictivos y un largo etcétera, sino también por la hipocresía de requerir mano de obra extranjera y perseguir a quienes llegan a aportarla.

En suma, la solución de fondo al drama de la migración no es otra que poner punto final a las causas que la generan, para lo cual es indispensable que Washington se comprometa a aplicar, en estricto respeto a las soberanías nacionales, un plan de reactivación económica a gran escala en las naciones a las que por décadas ha devastado, saqueado y ensangrentado.