Nueva York. La cámara baja de Estados Unidos está debatiendo una medida para solicitar que el Departamento de Justicia formule cargos criminales por desacato del Congreso contra Mark Meadows, ex jefe de gabinete de Donald Trump, mientras que el procurador general de la ciudad de Washington anunció demandas civiles contra dos agrupaciones ultraderechistas por su participación en el asalto al Capitolio del 6 de enero pasado, algo que definió como “un acto coordinado de terrorismo doméstico”.

La cámara baja debatió este martes la medida aprobada de manera unánime el lunes por el comité selecto de la cámara baja encargado de investigar los actos del 6 de enero en el asalto al Capitolio por fuerzas pro-Trump -lo que algunos califican como un intento de golpe de Estado- después de que Meadows anunció hace una semana que no cooperará más con la investigación.

Aunque el ex jefe de gabinete, y ex legislador federal inicialmente cooperó con la investigación oficial, anunció la semana pasada que no se presentaría ante el comité argumentando que sus intercambios privados con el entonces presidente están protegidos por el llamado “privilegio ejecutivo”.

Algunos de los aproximadamente 9 mil documentos que Meadows inicialmente entregó al comité incluyen copias de mensajes de texto intercambiados el mismo 6 de enero en los cuales legisladores republicanos, comentaristas derechistas y hasta el hijo del presidente le rogaron que convenciera a Trump tomar acciones para frenar la llamada insurrección.

La diputada Liz Cheney -una de solo dos republicanos en el comité selecto- reveló algunos de los mensajes entregados por Meadows. En uno, el hijo de Trump, Donald Jr., le dice a Meadows que su padre tiene que hacer una declaración para frenar a sus simpatizantes ya que “esto ya ha ido demasiado lejos y está fuera de control” y en otro insistió en que el presidente “tiene que condenar esta mierda lo más pronto posible”.

También varios legisladores enviaron mensajes a Meadows pidiéndole que el presidente pusiera fin de inmediato al asalto, uno de ellos le advirtió “van a matar a alguien”. Los íntimos periodistas del presidente en Fox News también expresaron alarma, la influyente conductora Laura Ingraham envió un mensaje a Meadows alertando: “el presidente necesita decirle a la gente en el Capitolio que se vaya a casa. Está destruyendo su legado”.

Si la cámara, bajo control demócrata, aprueba la medida, se trasladará esta recomendación al Departamento de Justicia para evaluar si se procederá penalmente contra Meadows. Con ello, sería el segundo en enfrentar cargos criminales, junto con el ex estratega político de Trump, Stephen Bannon.

Los republicanos denunciaron que todo esto era una maniobra partidista de los demócratas.

Conspiración terrorista

Al mismo tiempo, el procurador general del Distrito de Columbia (Washington) Karl Racine, anunció que su oficina está presentando una demanda civil acusando a dos agrupaciones ultraderechistas, los Proud Boys y los Oath Keepers que participaron en el asalto al Capitolio el 6 de enero, de “conspirar para aterrorizar el Distrito”. La demanda califica el asalto al Capitolio como “un acto coordinado de terrorismo doméstico” y pide compensación financiera por daños a la ciudad.

Todo esto continuó nutriendo las advertencias de una cada vez más amplia gama de voces sobre los peligros que enfrenta la democracia estadunidense ante la ofensiva derechista a nivel nacional, estatal y local.

El veterano diputado demócrata Jim McGovern, presidente del poderoso Comité de Reglas de la cámara baja, advirtió de la amenaza de golpes de estado en el futuro. “Los golpes rara vez son exitosos en el primer intento, pero frecuentemente lo son en una segunda vuelta. Éste es el momento para estar por encima de las divisiones políticas”, declaró en una audiencia al argumentar de la necesidad de aprobar la medida sobre el desacato de Meadows.