Las tendencias de desplazamiento forzado en México desde 2017 reflejan que las poblaciones indígenas han sido las más afectadas, pues conforman 41 por ciento del total de personas desplazadas. “A las afectaciones históricas que han vivido como pueblos, que han incluido el despojo territorial, incursiones militares y paramilitares en contextos donde se gestaron insurrecciones indígenas, se añade en los últimos años la presencia del crimen organizado en sus territorios”.

Según el último informe sobre Desplazamiento Forzado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos subraya que los pueblos indígenas representan 10.1 por ciento de la población nacional, por ello la desproporción tan grande en cuanto a las comunidades indígenas que resienten esta condiciones. El fenómeno, que se ha recrudecido, sólo es la “punta del iceberg de un problema complejo de violencias históricas que se han ido acumulando sobre cuerpos y territorios que se hacen visibles de manera muy dolorosa”.

El documento subraya que huir forzadamente del hogar desencadena una acumulación de violencias sobre quienes sufren de manera diferenciada de acuerdo con la pertenencia étnica, las condiciones socioeconómicas, entre otras categorías que reflejan la vulnerabilidad”. Incluso al interior de las comunidades indígenas las repercusiones son más importantes, en particular hacia las mujeres.

Las afectaciones por el desplazamiento interno en el país no sólo “se experimentan en la huida, sino también en las trayectorias y destino”. Según la organización, en 2020, 9 mil 748 personas tuvieron que huir de sus tierras, de las cuales 4 mil eran indígenas, particularmente concentradas en tres entidades: Chiapas y Oaxaca (que, históricamente con Guerrero, registran el mayor número de episodios de desplazamiento de comunidades indígenas), así como Chihuahua, que en los últimos años se ha sumado como entidad donde se dan más expulsiones.

Más allá de los nuevos desplazamientos forzados que orillaron a comunidades indígenas (principalmente tsotsiles, tseltales, tarahumaras, huaves, mixes y triquis), en la actualidad hay muchas personas indígenas que viven en “desplazamiento prolongado”.

El recrudecimiento en los últimos años del desplazamiento de comunidades indígenas sólo acentúa esta problemática que enfrentan desde la década de los 70 y especialmente en los 90 con las comunidades pertenecientes al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que hicieron más visiblemente el éxodo de comunidades con más de 80 mil personas en 1995.

Un nuevo factor se ha sumado al asedio a estas poblaciones: el crimen organizado, el cual ha impactado particularmente en Chihuahua y Guerrero. Las disputas de los grupos delictivos en ambas entidades han tenido en la población originaria las principales víctimas en la sierra Tarahumara o en el Triángulo Dorado (Chihuahua, Durango y Sinaloa).

Violencia paramilitar

Sin embargo, en Oaxaca, por la añeja problemática en las comunidades triquis, de acuerdo con el análisis incluido en el informe anual de la CMDPDH, “las masacres y desplazamientos masivos que acontecieron a partir de 2010 evidenciaron que, más que tratarse de luchas interétnicas, han tenido como engranaje principal la violencia paramilitar y la intervención del Estado para la garantía de impunidad”.

Expulsadas de sus territorios, las comunidades indígenas resienten más el racismo en los lugares donde forzadamente ahora residen, especialmente las mujeres triquis en Oaxaca. “Vivir en las calles también las volvía objeto de otros tipos de violencia por parte de fuerzas públicas de seguridad”.