Hoy se lleva a cabo la audiencia de Enrique González Tiburcio, ex subsecretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en la que la Fiscalía General de la República (FGR) le imputará el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, derivado del caso conocido como la estafa maestra. Autoridades lo acusan de firmar un convenio con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero (UPFIM) en 2016, causando un posible quebranto a la hacienda pública por 185 millones 839 mil 480 pesos.
González Tiburcio es uno de los colaboradores más cercanos de Rosario Robles Berlanga, ex titular de la Sedesol y la Sedatu, en la actualidad privada de la libertad en el Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla.
La diligencia que se realizará vía remota mediante videollamada se aplazó el pasado 1º de diciembre por problemas auditivos del inculpado, quien usa aparatos en oídos, pero ese día se quedaron sin batería y no podía escuchar a los integrantes del Ministerio Público federal ni al impartidor de justicia. En ese entonces, González Tiburcio argumentó que requería de 40 minutos para recargar los dispositivos, ya que “con el aparato su capacidad auditiva aumenta 90 por ciento”.
Sin embargo, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, apuntó que no había condiciones y le advirtió que si hoy no se presenta o de nuevo tiene problemas con sus aparatos auditivos o no escucha bien en la videoaudiencia, en ese momento ordenará que se presente en el juzgado para que, de manera presencial, la FGR aporte los 14 datos de prueba que imputan al ex funcionario por su probable intervención en la comisión de un hecho que la ley señala como delito.
Incluso el juez de control lo apercibió sobre que en caso de no conectarse se libraría en su contra una orden de comparecencia a través de la fuerza pública.
