Representantes de gobiernos de América Latina y el Caribe conocieron sobre la demanda civil presentada por México contra 11 empresas productoras y distribuidoras de armas “por prácticas comerciales negligentes que propician el tráfico de armas”.
En una “sesión informativa” con embajadores de la región, realizada el viernes, funcionarios de Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) detallaron los objetivos de esta estrategia legal y refirieron que este delito si bien afecta a México, también impacta en Latinoamérica, pues es una de las regiones del mundo con más altos índices de violencia con armas de fuego.
“A pesar de los contextos nacionales específicos, la violencia que propicia el tráfico de armas tiene consecuencias de gran magnitud en la calidad de vida de nuestras poblaciones, así como en el desarrollo de nuestros países. En muchos casos, porcentajes considerables de las armas que se encuentran en el mercado ilegal de nuestros países provienen de Estados Unidos”, apuntó la cancillería en un comunicado.
Informó que el objetivo de la reunión fue que los diplomáticos conocieran el proceso interpuesto en agosto de este año ante una corte de Estados Unidos como una de las estrategias para frenar el paso ilícito de arsenal hacia México y la región.
La reunión fue encabezada por los consultores jurídico y jurídico adjunto de la SRE, Alejandro Celorio y Pablo Monroy, y el director general para América Latina y el Caribe, Martín Borrego.
Los funcionarios mexicanos explicaron que la demanda es una de las distintas estrategias de México contra ese delito. Para ello se valió de los recursos jurídicos a su alcance para atender el problema del contrabando de armas desde su origen.
Detallaron que esta estrategia legal inició por instrucción del canciller Marcelo Ebrard tras la masacre en El Paso, Texas, en agosto de 2019, que entre sus víctimas dejó a varios mexicanos, y diversos incidentes con armas de alto calibre que posteriormente han ocurrido en nuestro país.
La demanda, dijeron, es “contra el comercio negligente de armerías y distribuidoras, no contra el gobierno de Estados Unidos. Tampoco se trata de un acto intervencionista, pues el Estado mexicano ha recurrido al sistema legal estadunidense, que considera imparcial y que las empresas conocen bien”.
