Madrid. La Fiscalía de Suiza decidió archivar la investigación que mantenía abierta desde tres años contra el rey emérito español, Juan Carlos de Borbón, en relación al supuesto cobro de comisiones ilegales por un total de 100 millones de dólares (dos mil 100 millones de pesos). Esta medida supondrá el casi seguro archivo de la causa abierta por este mismo motivo en los tribunales españoles, una vez que el sustento de la indagatoria se basaba precisamente en la labor de los fiscales y la policía del país helvético.

El fiscal suizo Yver Bertossa, conocido por su rigor y meticulosidad, asumió hace tres años la causa sobre la trama de supuestas comisiones ilegales atribuidas al blanqueo de ese dinero por parte del rey emérito español, al que señalaron como el hipotético principal beneficiario del pago de 100 millones de dólares por parte de los jeques de Arabia Saudi. Ese dinero se habría pagado por su intermediación en una gran obra de infraestructuras, el del tren de alta velocidad a La Meca, que fue adjudicado en parte a varias empresas españolas. El fiscal tenía la hipótesis de que ese dinero fue blanqueado a través de una Fundación, de la que era el principal beneficiario el propio ex monarca, con la finalidad de evadir al fisco.

Sin embargo, y después de tres años de indagatorias, Bertossa concluyó que “la investigación no ha establecido suficientemente un vínculo entre la cantidad recibida de Arabia Saudí y la celebración de los contrato para la construcción del tren de alta velocidad”.

En un comunicado, la Fiscalía suiza anunció el final del “procedimiento relativo a los bienes en poder del ex Rey de España en Suiza”, en una causa en la que había hasta cinco imputados, además del propio ex monarca, entre ellos su ex amante la princesa alemana Corinna Larsen, y los abogados personales del jerarca español Arturo Fasana y Dante Canonica, acusados de establecer la estructura financiera para ocultar los fondos.

A pesar de no poder establecer un vínculo nítido entre el dinero y el cobro de comisiones ilegales por la obra de La Meca, la Fiscalía suiza sí concluyó que hubo “un probado deseo de ocultación” de ese dinero por parte del ex monarca, al sostener que “muchos elementos exigieron que el banco Maribaud procediera a una comunicación. En particular, la información transmitida por la prensa, el carácter inusual de los fondos recibidos en esta cuenta y los distintos flujos financieros intercambiados entre las cuentas de la mencionada y la fundación Lucum, de la cual Juan Carlos I era el beneficiario efectivo”.

La investigación descubrió, además del supuesto cobro de los 100 millones de dólares, los pagos recibidos por Corinna Larsen a través de varias transferencias que oscilaban entre el millón y medio y los cinco millones de dólares hasta alcanzar la suma de 65 millones, que finalmente se destinó a la cuenta en las Bahamas de una sociedad domiciliaria propiedad de Corinna Larsen y que el propio Juan Carlos de Borbón, en una declaración ante el juez suizo, justificó como “un regalo” a su ex amante.

La Fiscalía advierte en su comunicado que “el uso de una fundación así como de empresas domiciliarias por parte de los distintos protagonistas, demostró un deseo de ocultación. Los importes afectados, el origen de los bienes, la falta de documentación adecuada que justifique las transferencias, las supuestas donaciones sucesivas [primero del rey de Arabia Saudí a favor de Juan Carlos I y luego de este último a favor de Corinna Larsen] así como la cronología de los hechos constituyeron pistas cargadas a los imputados. Sin embargo, dado que la investigación no estableció suficientemente un vínculo entre la cantidad recibida de Arabia Saudita y la celebración de los contratos para la construcción del tren de alta velocidad, la fiscalía cerró parcialmente el procedimiento por falta de carga suficiente”.

Esta misma trama está siendo investigada en el Tribuna Supremo español, a raíz de una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción, que se basó a su vez en la investigación abierta por la justicia helvética, con lo que se prevé su archivo en los próximos días ya que el sustento de la indagatoria se basaba en los propios avances de los fiscales y la policía suizos.

En un comunicado, Corinna Larsen, que ha denunciado haber sido víctima de amenazas y seguimientos ilegales, afirmó que “este episodio ha servido para dañar aún más mi imagen en el marco de la campaña continua de desprestigio contra mi persona por parte de ciertos intereses españoles”. Y añadió que “mientras tanto, los infractores no han sido investigados y se les ha dado tiempo para ocultar sus actividades. Permanecen impunes”.