Rosario, Sin., Unas 500 personas desplazadas por la violencia en Mazatlán, Concordia y Rosario se manifestaron ayer en la Avenida del Mar, frente al malecón, para exigir a los legisladores que asignen presupuesto para edificar al menos mil 200 casas para 4 mil familias en el sur de Sinaloa.
También demandaron justicia y respeto a los derechos humanos, pues debido a que grupos del narcotráfico pelean el territorio de la sierra, se vieron obligados a abandonar sus propiedades.
Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez, representante del Movimiento Amplio Sinaloense (MAS), explicó que las autoridades municipales ignoraron a las familias desplazadas desde 2009 de la sierra de Mazatlán y Concordia, por lo que se instalaron en asentamientos irregulares o predios invadidos y se unieron a esta agrupación.
Detalló que ese año los pobladores abandonaron las localidades de Tecomate de La Noria, El Placer, Guamúchil y Los Zapotes, pertenecientes a Mazatlán, y El Tiro, La Cieneguilla, Higueras de Zaragoza y El Pueblito, mientras en 2017 huyó la gente de las comunidades La Petaca, Chirimoyos y Santa Lucía.
Externó su preocupación debido a que en Mazatlán existen más de 72 predios invadidos, donde habitan más de 3 mil núcleos familiares, pero no tienen certeza de que los regularicen o sus los propietarios los vendan.
Señaló que el gobernador morenista Rubén Rocha Moya, en su primer día de mandato, tuvo una reunión con representantes de los desplazados de Sinaloa, y les aseguró que tendrían una casa donde vivir. Sin embargo, después de esa fecha no han tenido ninguna información y desconocen el presupuesto que etiquetará el Congreso del estado para los programas de vivienda.
Recordó que el gobierno de Quirino Ordaz Coppel entregó este año 50 casas para estas personas; además distribuyó 340 predios para el mismo número de familias, pero requieren apoyos para que se incluyan en programa de construcción de vivienda, además de que faltarían unos 600 núcleos familiares.
Advirtió que estarán atentos para que los diputados de Sinaloa aprueben un presupuesto que resuelva las necesidades de vivienda de los cientos de desplazados.