Durante casi un año, la Fiscalía General de la República (FGR) y Juan Collado han mantenido negociaciones que en las próximas semanas podrían concretarse y resultarían en que éste se beneficie de un criterio de oportunidad que le permita enfrentar en libertad el proceso penal por operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal, así como por desistimiento de la autoridad en acusación por delincuencia organizada.

A cambio, el Ministerio Público Federal obtendría información de casos relevantes de corrupción que involucrarían a personajes de trascendencia política, que alcanzarían a la Consejería Jurídica del ex presidente Enrique Peña Nieto, revelaron funcionarios federales y fuentes cercanas a la defensa.

Hasta el cierre de la presente edición, la FGR no había confirmado o desmentido que se le otorgaría dicho beneficio. “Hasta ahora no se ha concretado nada”, dijeron fuentes ministeriales. Las negociaciones, señalaron litigantes cercanos a los abogados de Collado, apuntan a que el acuerdo podría concretarse en semanas próximas, para lo que se requeriría que la fiscalía pida a un juez de control que cambie las medidas cautelares decretadas en 2019 por el juez Jesús Eduardo Vázquez Rea.

Los entrevistados mencionaron que existe la posibilidad que a su cliente –ex abogado de Carlos Salinas de Gortari y Carlos Romero Deschamps, entre otros– se le conceda la libertad, permanezca bajo vigilancia con un brazalete electrónico y acuda a firmar el libro de procesados cada 15 días como parte de las medidas de seguimiento para evitar que se evada de la justicia; no obstante, indicaron, esto no implicará que se le retiren los cargos, sino que se negocie una sentencia baja.

El 9 de julio de 2019 Juan Collado Mocelo fue detenido en un restaurante de la colonia Lomas de Chapultepec por cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Un día después, un juez federal con sede en el Reclusorio Norte determinó vincularlo a proceso. Con esa decisión comenzó el primer proceso penal en su contra.

El 30 de agosto de 2020, la FGR acusó a Collado de defraudación fiscal por 36 millones de pesos, relacionados con la evasión del pago del impuesto sobre la renta en 2015.

Sin embargo, el 5 de septiembre del año pasado, un juez federal consideró que la FGR no había aportado datos de prueba suficientes para imputar ese delito.

En enero de 2020 se dio a conocer una investigación iniciada por el principado de Andorra en la que sus autoridades, en colaboración con instituciones mexicanas, indagan el origen de 120 millones de dólares que el acusado depositó en 23 cuentas de la Banca Privada d’Andorra entre 2006 y 2015. La defensa declaró que de ese monto transferido, 84 millones fueron ganancias obtenidas por una cadena de casas de empeño fundada por el padre de Collado.