A horas de concluir su encargo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Franco González Salas sostiene que, a diferencia de hace 15 años, cuando fue designado, hoy se tiene una instancia más liberal e incluyente, y señala que durante su gestión, a nivel constitucional los cambios más vigorosos se han dado con el presidente Andrés Manuel López Obrador:
“A la luz de los programas que se han planteado en las tres últimas administraciones, sin duda, el que estableció el presidente López Obrador desde su campaña ha implicado los cambios más fuertes a nivel constitucional, pues él tiene una visión diferente de cómo tienen que ser las cosas. Como juez constitucional yo no tengo que meterme en esa parte, mi obligación fue hacer el mejor trabajo posible”, dijo durante la entrevista con La Jornada.
Franco González Salas afirmó que durante su gestión siempre buscó abstraerse de las presiones que envuelve dictar la sentencia de un expediente para “resolver conforme a lo más adecuado con apego a nuestro marco constitucional”.
La entrevista se realizó en la oficina que aún ocupa el ministro. Ayer fue su último día en el ejercicio pleno del cargo y los libreros que ocupaba ya se encuentran vacíos, también han sido retirados los adornos y fotografías familiares, sólo queda, en el centro del despacho, un óleo con la efigie de Benito Juárez.
Sostuvo que ante su retiro ahora no tiene claro lo que hará en el futuro cercano. Sin embargo, expresó que durante su labor como ministro, cargo que ocupó a partir del 12 de diciembre de 2006, le correspondió vivir cambios muy importantes en la Carta Magna, uno de ellos fue la reforma de 2011, la referente a los derechos humanos. Ahora, con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador se vive la época de mayor transformación constitucional.
Desempeño y casos relevantes
En el caso del ministro Franco González Salas, no era raro que durante votaciones que apuntaban a resultar en empates, o cuando no se alcanzaba una mayoría calificada, él ofreciera cambiar el sentido de su voto en el ánimo de construir decisiones sólidas que sirvieran como bases para futuras jurisprudencias.
Entre los asuntos que le tocó presentar ante el pleno de la SCJN, destaca haber sido responsable de elaborar la sentencia que cerró jurídicamente el conflicto por la zona de Los Chimalapas, que se disputaban Oaxaca y Chiapas.
Franco González Salas señala que este asunto fue muy complejo técnicamente y también por ser un caso inédito, pero apunta que la decisión de la SCJN debe ser sólo el comienzo de otras acciones para resolver el conflicto en esa región: “El hecho de que se les trace una línea, pues no va a solucionar los problemas políticos, económicos y sociales que existen en la zona. Sin duda, era un asunto muy problemático, pero al final del día, afortunadamente hasta ahora no ha habido el problema que muchos anunciaron y requerirá de un fino trabajo político”.
En una de sus últimas decisiones como ministro, a principios de este mes, Franco concedió al Banco de México (Banxico) una suspensión en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (LFRSP), que les permitirá a los altos funcionarios de este organismo autónomo seguir ganando más que el Presidente de la República.
El ministro ha justificado estas suspensiones al argumentar que es preciso mantener el estado del asunto en litigio. Decisiones similares han permitido a los funcionarios de otros órganos autónomos constitucionales, como el INE, IFT y Cofece, entre otros, evadir la aplicación de la LFRSP prácticamente desde que esta ley fue aprobada, en 2018.
Respecto de la ley Bonilla, con la que el entonces gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, pretendía ampliar su periodo en el mandato, de dos a cinco años, por unanimidad el pleno de ministros aprobó el fallo propuesto por Franco González Salas y señaló que esta ampliación era un “fraude a la Constitución”.
También le tocó elaborar los proyectos de sentencia sobre la prolongación del mandato del ministro Zaldívar como presidente de la SCJN, un caso que consideró con aspectos similares a la ley Bonilla.
“Yo nunca tuve dudas de cuál debería ser la solución, incluso antes de saber que yo iba a ser el ponente. En el caso de la llamada ley Bonilla y en el de la extensión del mandato, en ambos casos, en mi opinión, se violaba la Constitución, evidentemente sí fueron asuntos sumamente mediáticos y enfrentados”.
Presiones
Franco narra que a lo largo de sus 15 años en la SCJN no era raro recibir comunicaciones de abogados, empresarios y funcionarios en busca de influir en sus decisiones.
–¿Hay quien se atreva a corromper a un ministro de la Corte?
–No lo sé, en mi caso nunca se ha dado eso, nunca, se los digo con absoluta tranquilidad, ni siquiera una insinuación, se los digo absolutamente.
Explica que, en su labor de juzgadores, los ministros deben oír a todas las partes de un litigio, pero siempre mantener su independencia e imparcialidad, sobre todo frente a funcionarios de otros poderes del Estado, que también fueron recibidos para ser escuchados.
“Secretarios de Estado, a veces sí, con el ánimo de abonar a sus argumentos, quiero decir que, en ese nivel, todos han sido conmigo respetuosos, a veces sí, enfáticamente, me hacen ver sus puntos de vista. Yo he procurado abrir las puertas para recibir los argumentos de las partes y, en muchas ocasiones, una de las partes es la autoridad”.