Al manifestar su preocupación por el reinicio del programa Quédate en México, “lo que podría agravar las condiciones, de por sí lamentables, en las que se encuentran miles” de migrantes a lo largo de la frontera norte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) denunció en un informe que en los años que funcionó esa iniciativa las personas estuvieron esperando sus citas en condiciones “muy precarias: hacinamiento, insalubridad y miedo”, e incluso violencia, lo que vulneró su seguridad humana.
Ante ello, exhortó de manera especial a la Secretaría de Relaciones Exteriores a fin de que, mediante su trabajo diplomático, haga saber al gobierno estadunidense la urgencia de poner fin a los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés) –como se conoce formalmente al programa–, pues vulneran, entre otros, el principio de no devolución, y a buscar mecanismos multilaterales para atender las causas que han obligado a tantas personas a abandonar sus lugares de origen para solicitar refugio en aquel país.
Indicó que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración (INM), del primero de enero de 2019 al 15 de marzo de 2021 se contabilizaron 112 mil 391 migrantes que se habían internado en el país y que contaban con solicitudes de asilo en Estados Unidos, de los que 32 mil 264 eran mujeres y 10 mil 872 menores de edad. Puntualizó que la mayoría de las personas realizaron su solicitud durante 2019 y el número decreció en 2020 debido a la pandemia y al cierre de la frontera.
“Para septiembre de 2021, la mayor parte provenía de Honduras, Guatemala, Cuba y El Salvador”, detalló la CNDH en un informe especial difundido ayer.
A fin de conocer de su propia voz la situación que vivieron las personas bajo MPP durante los dos años en los que debieron esperar en México para continuar con el proceso, la CNDH levantó 187 entrevistas en Matamoros, Tamaulipas; en Tijuana, Baja California, y en Ciudad Juárez, Chihuahua, que arrojaron que, por lo general, las personas sujetas al plan viajan acompañadas.
Respecto a por qué solicitaban asilo, la mayoría “señaló que huía por amenazas, por violencia generalizada, por la delincuencia presente en sus países”. Las entrevistas evidenciaron que más de la mitad habían sido víctimas de algún delito en México, pero no denunciaban por miedo y desconfianza en las autoridades.
