La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó la solicitud de atención prioritaria presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para resolver cuanto antes la controversia constitucional promovida en contra de los datos sobre población del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que se han traducido en una disminución de las partidas federales para va-rios estados.
Se trata del conflicto surgido a raíz de la encuesta publicada por el Inegi en marzo pasado, que indicaba una disminución de un millón 171 mil 379 habitantes en el estado de México. Como estas cifras son utilizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para calcular las asignaciones presupuestales para cada entidad, los datos se tradujeron en un recorte de 4 mil 328 millones de pesos anuales en el presupuesto federal destinado a esa entidad.
El gobierno estatal impugnó esta decisión mediante una controversia constitucional, a la cual el Presidente solicitó que se le diera prioridad, debido a las repercusiones que el caso ha tenido.
En sesión privada, el pleno de la SCJN aprobó por unanimidad “sustanciar y resolver de manera prioritaria la referida controversia constitucional 78/2021”.
Solicitaron al ministro Luis María Aguilar Morales, quien es el encargado de analizar este asunto, que “el proyecto relativo se entregue, de preferencia, en la Secretaría General de Acuerdos dentro de los 10 días hábiles siguientes al respectivo cierre de instrucción”.
Por el mismo tema, los gobiernos de Tabasco y Veracruz han recurrido también a la SCJN.
Cuando la controversia del gobierno mexiquense fue admitida a trámite, la Suprema Corte le concedió la suspensión provisional, lo que obligó a la SHCP a rediseñar las participaciones a todos los estados del país, ajustándolas a la baja.
Por ello, el gobierno de la Ciudad de México presentó una reclamación, debido a que la reasignación de recursos que ocasiona el ajuste solicitado por el estado de México también repercutiría en su presupuesto.
