Lima. Un juez peruano abrió el sábado un juicio contra el encarcelado expresidente Alberto Fujimori por su presunta responsabilidad en miles de esterilizaciones forzadas realizadas durante su gestión, pero dejó el caso suspendido hasta que Chile otorgue un permiso para juzgarlo por este caso.

El poder judicial dijo a través de su cuenta oficial de Twitter que el juicio también incluye a tres ex ministros de Salud de Fujimori, uno de ellos es el actual legislador del partido fujimorista Alejandro Aguinaga, presidente de la comisión de fiscalización del Parlamento.

El juez Rafael Martínez precisó que el nuevo juicio contra Fujimori quedará suspendido hasta que Chile otorgue permiso para juzgarlo por esta acusación, debido a que Fujimori fue extraditado de Chile en 2007 y la justicia de ese país autorizó que Perú lo juzgue por otros casos.

La fiscalía anunció que pedirá a Chile ampliar la extradición contra Fujimori para que sea procesado por el caso de las esterilizaciones forzadas. Fujimori, quien fugó en 2000 a Japón acosado por escándalos de corrupción, llegó a Chile en 2005 donde fue capturado y luego extraditado a Perú.

El caso esterilizaciones forzadas es uno de las más emblemáticos de Perú, donde desde el poder político a fines del siglo XX se buscó frenar la natalidad de los humildes e indígenas sin reparar en sus derechos y como estrategia para disminuir la pobreza del país, según el Ministerio Público.

Las mujeres esterilizadas lucharon dos décadas para empujar a la fiscalía a denunciar al ex presidente Fujimori. La investigación preliminar a nivel de la fiscalía peruana sufrió varios intentos de quedar archivada en 2009, 2014, 2016 y 2018, de acuerdo con defensores de las víctimas.

En marzo, después de un cuarto de siglo de ocurridos los hechos, un fiscal en representación de más de mil 300 esterilizadas a la fuerza denunció ante la justicia a Fujimori y los ex ministros de salud.

La decisión judicial avanzó de forma tan lenta que desde el 14 de septiembre el juez Rafael Martínez empezó a leer su decisión la cual recién terminó esta mañana, tras casi tres meses de audiencias interrumpidas y en otros casos postergadas porque el juzgado señaló que lleva otros procesos.

El fiscal Pablo Espinoza dijo a inicios de año cuando denunció a Fujimori que su gobierno se había focalizado en esterilizar a las más pobres. “El Estado había manifestado su intención de esterilizar a todos los pobres, porque no hay agraviadas de otros sectores sociales”, indicó.

Afirmó que entre 1996-2000 se organizaron innumerables “festivales de salud” en pueblos alejados que incluían fuegos artificiales y bandas de música para atraer a mujeres y luego, mediante engaños y coerción, esterilizarlas sin consentimiento informado.

El fiscal indicó que la política ordenada por el gobierno de Fujimori también premiaba con tres boletos de viaje a los funcionarios sanitarios que acumulaban el mayor número de esterilizaciones, pero también los amenazaban con despedirlos si no lograban los objetivos. Según la fiscalía, se realizaron unas 273 mil 684 esterilizaciones y se produjeron mil 599 complicaciones.

Fujimori, de 83 años, no se ha pronunciado, tampoco su hija la actual jefa del partido político Fuerza Popular y ex candidata presidencial Keiko Fujimori, quien fue la primera dama durante la presidencia del padre (1990-2000). Tampoco el legislador Alejandro Aguinaga.

El ex presidente cumple una condena de 25 años de cárcel por su autoría mediata en los asesinatos de 25 peruanos, incluyendo a un niño de ocho años, a manos de un grupo clandestino de militares. Tiene otras tres condenas, dos de ellas por corrupción.

Por dos décadas las activistas que denuncian las esterilizaciones a la fuerza se han manifestado con las faldas y piernas manchadas con tinta roja. También mostrando dibujos de trompas de falopio ensangrentadas. Presidentes de todos los espectros políticos les han dado la espalda.

El caso también toma interés porque el actual ministro de Salud, el doctor Hernando Cevallos, denunció en 1997 a la fiscalía, junto con otros médicos, que les obligaban a operar hasta 60 mujeres por día en las campañas de esterilizaciones.

El mandatario Pedro Castillo también prometió justicia a las mujeres esterilizadas días antes de una ajustada segunda vuelta presidencial en junio cuando venció a Keiko Fujimori. Castillo recordó que su propia familia campesina también sufrió las esterilizaciones y comentó que “el dolor de las víctimas de las esterilizaciones forzadas es el mío”.

Tras llegar al poder ni Castillo, ni Cevallos se han pronunciado sobre el caso.