Al participar en la presentación del informe “10 y 20 años de experiencia en la sistematización y documentación de violaciones a derechos humanos”, del Comité Cerezo y Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Guillermo Fernández-Maldonado, reiteró que es deber del Estado respetar las garantías de las personas, así como protegerlas y prevenir acciones de otros actores contra ellas y, en su caso, investigarlas y sancionarlas.
Estas obligaciones, afirmó, “exigen priorizar sus esfuerzos en aquellos grupos de especial vulnerabilidad, como las personas defensoras de derechos humanos y periodistas”. Reconoció la “fructífera” labor del Comité Cerezo y destacó que su importante trabajo de documentación “ha sido una contribución esencial para el esclarecimiento de la verdad, el acceso a la justicia de muchas víctimas de violaciones de derechos humanos”.
En su informe, agregó Fernández-Maldonado, destaca casos particulares en los que la documentación permitió mitigar las violaciones o por lo menos elevar el costo político. Un ejemplo de ello, citó, son los operativos policiacos de San Salvador Atenco, estado de México, en 2006.
Alejandro Cerezo, coordinador general de Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, recordó que en su informe publicado en agosto pasado, expone que entre junio de 2020 a mayo de 2021 hubo 554 violaciones de derechos humanos.
