A dos años de aprobada la Política Nacional Anticorrupción, 40.6 por ciento de las entidades no cuentan aún con sus mandatos locales en la materia.

De acuerdo con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), 19 sistemas locales han aprobado sus políticas anticorrupción y 13 están pendientes.

En un foro virtual organizado en el contexto del Día Internacional contra la Corrupción, Bernardo Rojas, director de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría Ejecutiva del SNA, expuso que estos retrasos están relacionados con factores como falta de recursos o capacidades técnicas de los sistemas estatales.

“Varias de las secretarías ejecutivas no cuentan con recursos suficientes y muchas veces esto se refleja en que tienen un staff mínimo o les faltan las capacidades técnicas necesarias para llevar a cabo este ejercicio”, expuso.

Otros elementos que influyen, subrayó, en que una alta proporción de los estados no haya aprobado su política anticorrupción son los procesos electorales y los cambios de gobiernos.

Elecciones interrumpen y retrasan el trabajo

Dijo que si bien las políticas anticorrupción no son un asunto partidista, sino de Estado, cuando se han vivido procesos electorales se interrumpen y retrasan los trabajos para su diseño y aprobación.

Algunos sistemas locales también han visto lastrada su labor porque están incompletos, pues les faltan diversos nombramientos para que puedan operar a plenitud.

De las 13 entidades que tienen pendiente la aprobación de sus políticas anticorrupción, cinco cuentan con proyectos muy avanzados que podrían ser avalados en los próximos meses, mientras en las ocho restantes los avances son menores.

Explicó que la Secretaría Ejecutiva del SNA ha participado en 55 reuniones de trabajo virtuales, además de talleres y sesiones informativas relacionadas con el diseño y aprobación de las políticas estatales, además de brindar apoyo técnico y metodológico a los sistemas locales para esta labor.

La aprobación de dichas políticas anticorrupción es importante, agregó, porque servirán de hoja de ruta para la labor de los sistemas estatales y de las instituciones que los integran. Además, permitirán que el SNA y los sistemas locales rindan cuentas a la ciudadanía, porque pemitirán que haya acciones más específicas, metas y plazos para combatir esa problemática.