Ciudad de México. Al participar en la presentación del informe “10 y 20 años de experiencia en la sistematización y documentación de violaciones a derechos humanos”, del Comité Cerezo y Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Guillermo Fernández-Maldonado, reiteró que es deber del Estado respetar los derechos humanos así como de protegerlos y prevenir acciones de otros actores que atenten contra ellos y en su caso investigarlos y sancionarlos.

Estas obligaciones, afirmó, “exigen priorizar sus esfuerzos en aquellos grupos de especial vulnerabilidad como las personas defensoras de derechos humanos y periodistas”. Y aseguró que la omisión de prevenir, investigar y sancionar las agresiones de autoridades o actores no estatales “constituye una grave violación por omisión por parte del Estado”.

Reconoció la “fructífera” labor del Comité Cerezo y destacó que su importante trabajo de documentación “ha sido una contribución esencial para el esclarecimiento de la verdad, el acceso a la justicia de muchas víctimas a violaciones de derechos humanos”.

En su informe, agregó Fernández-Maldonado, destaca casos particulares en los que la documentación permitió mitigar las violacioneso por lo menos elevar el costo político. Un ejemplo de ello, citó, es el caso de los operativos policiacos de San Salvador Atenco, estado de México, en 2006.

Por su parte, Alejandro Cerezo, coordinador general de Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, recordó que en su informe publicado en agosto pasado, expone que entre junio de 2020 a mayo de 2021 hubo 554 violaciones de derechos humanos, de las cuales 29 fueron desapariciones forzadas, 19 ejecuciones extrajudiciales, 441 fueron detenciones arbitrarias y 65 fueron agresiones menores como amenazas y hostigamiento .