A diferencia de otras crisis más prolongadas, como la de Venezuela, en Nicaragua en tres años y medio se han concentrado todos los crímenes contra el periodismo y la libertad de prensa con extrema intensidad. A partir del estallido social de abril de 2018, cuando la dictadura familiar Ortega-Murillo perdió la mayoría política en las calles, el régimen se convirtió en una dictadura sangrienta, y reprimió con igual virulencia a ciudadanos y a periodistas, a organizaciones civiles y medios de comunicación que se convirtieron en el “enemigo” a aplastar. Estos son algunos de los hechos que han marcado las agresiones contra la prensa:
El asalto paramilitar que destruyó radio Darío, en León, el 20 de abril 2018; el asesinato del periodista Ángel Gahona, en Bluefields, el 21 de abril de 2018, que se mantiene impune; agresiones físicas, asaltos, amenazas, espionaje e intimidación contra los reporteros, por parte de policías y paramilitares; el exilio de forzado de más de 120 periodistas, en Costa Rica, Estados Unidos, España y otros países; la ocupación policial y el cierre de las redacciones de 100% Noticias, Confidencial (dos veces), y el diario La Prensa; las presiones económicas del Estado contra Canal 10, Canal 12 y Radio Corporación, así como el cierre de más de 20 medios locales por presiones del partido FSLN; la aplicación de la Ley Especial de Ciberdelitos para criminalizar las libertades de prensa y de expresión.
Además los juicios políticos y el encarcelamiento de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda en 2018-19, y en 2021 por segunda vez, Miguel Mora, precandidato presidencial; Miguel Mendoza, cronista deportivo y bloguero, y Jaime Arellano, comentarista político de televisión.
El juicio político por presunción de lavado de dinero contra la expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), Cristiana Chamorro, precandidata presidencial bajo arresto domiciliar; y contra Pedro Joaquín Chamorro, Marcos Fletes, Walter Gómez, y el gerente general de La Prensa, Juan Lorenzo Holmann, presos en la cárcel de El Chipote.
La intimidación contra más de 50 periodistas que han sido citados en la investigación contra la FVBCH, entre ellos el escritor Sergio Ramírez –acusado de “conspiración, incitación al odio y la violencia”– cuya novela Tongolele no sabía bailar ha sido censurada y secuestrada por el régimen a través de la Dirección de Aduanas.
En consecuencia, en Nicaragua hoy se hace periodismo bajo riesgo de agresión física, asalto y el asedio de policías y paramilitares, y la amenaza de cárcel, tanto para periodistas como para las fuentes informativas y de opinión. Pese a la censura, seguimos haciendo periodismo en Nicaragua y desde el exilio en plataformas digitales, aunque estamos obligados a proteger la identidad de las fuentes independientes que no podemos citar, porque informar y opinar, bajo un régimen totalitario, es un “delito” que se paga con cárcel.
Durante tres años y medio, la resistencia de la prensa ha descansado en el coraje de los reporteros y su compromiso profesional, ético y político, con el apego a la verdad a cualquier costo y su negativa a aceptar la censura o la autocensura.
Nuestra primera tarea fue nombrar a las víctimas de la represión y contar las historias de los asesinados que hasta hoy siguen siendo negadas y ocultadas por el Estado. En efecto, los periodistas tomamos partido al lado de las víctimas de la masacre para promover una agenda de verdad, memoria, justicia y no repetición, y demandamos la liberación incondicional de los más de 160 presos políticos, y la anulación de los juicios espurios.
El periodismo nicaragüense se ha reinventado en el exilio mediante plataformas digitales, pero nuestros ojos y oídos están en Nicaragua, con los colegas y los ciudadanos que enfrentan en el país los más altos riesgos para informar. Por ello apelamos a la prensa internacional para mantener la crisis de Nicaragua en las prioridades de la opinión pública mundial y de América Latina.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos y de la prensa han hecho una extraordinaria labor para visibilizar la persecución contra los periodistas y demandar su protección. Pero faltan más historias en la prensa internacional sobre la tragedia nacional.
Las elecciones del 7 de noviembre, cuyos resultados se conocían de antemano, generaron un interés inusitado en la prensa internacional, que tampoco pudo viajar a Nicaragua porque el régimen impuso el cierre de las fronteras. Sin embargo, la verdadera historia no es lo que ocurriría el 7 de noviembre –unas votaciones de partido único sin competencia política–, sino el día después, es decir, en los próximos meses y quizás años, en la resistencia civil para salir de una dictadura, sin legitimidad, por medio de la lucha cívica.
Mientras, no podemos aceptar la entronización de una dictadura totalitaria en Centroamérica, mediante la normalización de la violencia y el estado policial. El mayor desafío hoy para los periodistas nicaragüenses y la prensa internacional es mantener en el radar de la opinión pública mundial, y en particular de América, la crisis de la tiranía de Daniel Ortega. La historia del día después de la farsa electoral es contar ahora cómo se cambia por medios civiles una dictadura represiva en los días de dolor y esperanza que vive Nicaragua.
