Entre el primero de agosto de 2017 y el 31 de julio de 2021, las procuradurías y fiscalías estatales, así como la General de la República (FGR), identificaron a 3 mil 896 víctimas de trata de personas, y en 2020 se registró el mayor número con mil 72, de acuerdo con los datos recabados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En el Diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México 2021. Procuración e impartición de justicia, señaló que del total de víctimas en los pasados cuatro años, 2 mil 934 corresponden a mujeres y 798 hombres, mientras 164 personas no fueron identificadas por las autoridades.
Indicó que del total de mujeres, mil 45, es decir, 35.61 por ciento, corresponden a menores de 18 años. En cuanto a los varones, 505 están en ese rango de edad, lo que representa 63.28 por ciento.
Respecto de las sentencias condenatorias firmes, los órganos jurisdiccionales, tanto estatales como federal, reportaron 328 víctimas. “En ambos ámbitos se observó que la mayoría son mujeres de más de 18 años”, lo que refleja “una vez más que en México la trata de personas afecta principalmente” a ellas.
Asimismo, las procuradurías y fiscalías informaron la nacionalidad de 78 por ciento de las víctimas, de las cuales 93 por ciento son mexicanas y 7 por ciento tiene otra nacionalidad. La FGR reportó a 51 por ciento de víctimas extranjeras. Cabe señalar que 86 por ciento de las personas afectadas originarias de otros países son mujeres, mientras 14 por ciento son hombres.
Respecto al número de sentencias condenatorias, 27 órganos jurisdiccionales de competencia estatal aseguraron contar con éstas. La información arroja un total de 263 sentencias definitivas dictadas, de las cuales 201 fueron condenatorias y 62 absolutorias.
En el ámbito federal, 14 órganos jurisdiccionales manifestaron contar con 62 sentencias definitivas emitidas por los delitos en la materia.
En lo referente al rubro de grupos en condiciones de vulnerabilidad, la CNDH expuso que según los datos proporcionados por las procuradurías y fiscalías de 16 entidades federativas, 6 por ciento corresponde a personas que se encuentran en alguno de ellos: 33 por ciento son de comunidades indígenas, 45 por ciento jornaleras agrícolas, 5 por ciento personas con discapacidad, 4 por ciento integrantes de la diversidad sexual, 5 por ciento migrantes y 8 por ciento otros grupos de población.
En el diagnóstico presenta algunas propuestas para hacer frente a este flagelo, entre ellas, garantizar que las autoridades, en el marco de la ley y en el ámbito de sus competencias, garanticen los derechos humanos de las víctimas detectando e identificando sus casos para lograr el acceso a la justicia, y de esta manera hacer efectiva su atención, protección y asistencia.
