El informe sobre desplazamiento forzado interno de 2020 que realizó la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de Derechos Humanos arroja que en la actualidad, el total de personas que han sido expulsados de sus territorios asciende –en el registro acumulado histórico a 356 mil 792 personas– principalmente por la presencia de grupos armados organizados, violencia política, conflictos sociales o territoriales. A mayor detalle, el Consejo Nacional de Población (Conapo) informó que con base en el censo poblacional, entre 2015 y 2020 sumaron 262 mil personas desplazadas forzadamente.
En el reporte de la ONG sólo en 2020 sumaron 9 mil 741 afectados y se contabilizaron 24 episodios de desplazamiento interno, de los cuales 14 obedecieron a la operación de la delincuencia organizada principalmente en Chiapas, Guerrero, Chihuahua, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa y Sonora, según el documento de la organización a partir del Observatorio de Desplazamiento Interno que opera desde 2014. “En México, fueron registrados múltiples enfrentamientos, ataques, e incursiones armadas, así como diversas formas de violencia que provocaron, entre tras afectaciones, el abandono obligado de demás familias e individuos de sus hogares”.
Conforme al documento que alerta sobre el entorno de este fenómeno, particularmente el impacto de la pandemia, subraya que “podemos destacar las afectaciones particulares y desproporcionadas en la población indígena, campesina y rural, quienes de manera adicional a su desplazamiento tuvieron que enfrentar el aislamiento, la falta de infraestructura, de acceso a servicios de salud, tratamientos médicos y medidas de higiene”, con particular impacto en Ocosingo, Chilón, Chenalhó y Chalchihuitan, Chiapas.
Al respecto, el representante asistente del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, Joseph Herrero, destacó la gravedad del problema a nivel mundial, pues impacta a 82.4 millones de personas, según el informe 2021 del organismo. Sin embargo, en el caso mexicano, subrayó que la afectación es diferenciada, pues los grupos de mayor vulnerabilidad, como las mujeres, niños y comunidades indígenas recienten más el desplazamiento forzado por implicar una doble discriminación.
En el caso de los pueblos originarios, Herrero enfatizó el efecto social que tiene dada su relación ancestral con sus territorios: “El efecto en la población indígena por sus sistemas económicos, sociales y cultural asociado a la tierra, hace que el desplazamiento se convierta en una grave amenaza para las comunidades porque destruye modelos de vida ancestrales, estructuras sociales e identidad, poniendo en riesgo de desaparición a grupos enteros.
Herrero calificó el desplazamiento forzado de “drama, un flagelo”, pero en el caso de las comunidades indígenas, por sus características de vinculación a sus tierras “pone en riesgo la supervivencia de pueblos.
