La Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados aprobó ayer modificar las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales y del Sistema de Medios de Impugnación para que las multas a los partidos políticos se tasen en unidades de medida y actualización (UMA) y no en salarios mínimos.
También avalaron un dictamen para expedir una nueva Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la cual fortalece al organismo encargado de luchar contra esta práctica, dotándolo de las herramientas necesarias para ello.
La aprobación de las modificaciones se dio en ausencia de los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), quienes abandonaron la sesión tras pedir sin éxito que se diera más tiempo para discutir el tema y advertir que sus argumentos serían presentados ante el pleno de San Lázaro cuando se analice el dictamen.
Propuesta positiva
Alejandro Moreno, presidente de la comisión, explicó que el proyecto viene de la anterior legislatura, tras destacar que no se pueden posponer de forma permanente los dictámenes. Resaltó que el tema se discute desde hace muchos años y consideró que lo presentado es positivo y fortalece la lucha contra la discriminación.
Explicó que la propuesta busca robustecer al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), a fin de que sea la autoridad responsable de formular la política pública contra la exclusión y esté a cargo de impulsar la transversalización entre las dependencias y las entidades de la administración pública federal.
El dictamen plantea promover la adopción de medidas que garanticen la igualdad sustantiva, el ejercicio efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas. Asimismo, se actualiza el catálogo de conductas discriminatorias y modifica el procedimiento de quejas del Conapred.
Por lo que hace a las propuestas de reforma en materia electoral, también vienen de la anterior legislatura y su propósito es desindexar las multas al salario mínimo.
La diputada María Elena Limón García (Movimiento Ciudadano) aseveró que este dictamen contribuye a contar con una homologación decretada desde 2016, mientras Lilia Aguilar (Partido del Trabajo) explicó que con estos cambios se incorpora una unidad de medida económicamente más adecuada. Es positivo, afirmó, pero hace falta un análisis del impacto monetario que este cambio tendrá en las aportaciones y las multas que se aplicarán, enfatizó.
