Lo más interesante del proceso interno que concluyó imponiendo una sanción a Yeidckol Polevnsky Gurwitz (https://bit.ly/3dviN2x)) no proviene del hecho en sí de castigar a quien fue secretaria general del comité nacional morenista, y presidenta interina, sino en los tiempos definidos para las diligencias del caso, totalmente propicias para que fuera candidata a diputada federal y, ya en el cargo, recetarle seis meses de suspensión de sus derechos partidistas (no se le permitirá ser postulada a puesto de elección popular durante medio año, por ejemplo).

A la ex presidenta interina de Morena se le requirió toda la información relacionada con lo siguiente: “Los contratos de obra con las empresas: a) Inmobiliaria Moscati de Querétaro SA de CV, por un monto de $312 millones 444 mil 800 pesos: b) Estrada Miranda proyecto y construcción SA de CV, por $82 millones 555 mil pesos”, así como la situación específica de una larga lista de inmuebles adquiridos o modificados durante su gestión.

A pesar de la gravedad de los hechos, y el señalamiento de las autoridades partidistas de que era necesaria la comparecencia improrrogable de Polevnsky, ésta eludió cumplir tales ordenamientos de manera adecuada y suficiente.

Los mandos morenistas pedían a Polevnsky “un informe detallado sobre el estatus de los contratos de compraventa, promesa de compraventa, convenios, avalúos, anticipos, avances en obras de remodelación y mantenimiento, equipamiento de los inmuebles, trámites notariales y de escrituración, y documentación legal de las personas físicas y morales con las que se celebraron contratos de compraventa, así como toda aquella documentación legal que se haya generado” al respecto.

Pues nada. La denunciada manifestó estar impedida de acudir a la cita correspondiente por las circunstancias de la pandemia. El primero de junio de 2020 se dijo que comparecería por vía electrónica, pero tampoco hubo cumplimiento, aunque luego fue presentado un escrito en el que Yeidckol aseguraba que la información requerida ya había sido otorgada.

Sin embargo, a pesar de la gravedad de los señalamientos a Polevnsky (que declarantes de aquel comité nacional señalaron bajo sospecha de corrupción) y del reiterado incumplimiento de la denunciada, el 22 de octubre de 2020 se fijó fecha “para la realización de las audiencias estatutarias en modalidad presencial”, que se realizaron, ¡el 11 de noviembre de 2021, más de un año después, cuando Polevnsky ya había sido postulada candidata a diputada federal por la privilegiada vía de las listas de representación proporcional (plurinominal) y ya estaba instalada en su curul! El reporte oficial señala que “en dicha audiencia no compareció la parte denunciada”.

¿Por qué la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia permitió que una “transgresora” del cumplimiento de responsabilidades estatutarias, que no informó del manejo de cuantiosas cantidades de dinero público, pudiera ser postulada sin objeción a un cargo de elección popular? ¿Es suficiente suspender sus derechos partidistas por seis meses? ¿Dónde quedó la bolita inmobiliaria?

No prosperó la pretensión de tres partidos políticos de recuperar su registro nacional. La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó mantener la cancelación del registro de Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas y Partido Encuentro Solidario, que se había derivado de la incapacidad de esas organizaciones para alcanzar cuando menos 3 por ciento del total de la votación emitida en los pasados comicios federales (https://bit.ly/3oCwMKg).

Con esta resolución quedan sin instrumentos de acción partidista directa y personal los grupos encabezados por Pedro Haces (FPM), líder sindical de trayectoria priísta ahora converso al obradorismo; Elba Esther Gordillo y su yerno Fernando González (RSP), y Hugo Éric Flores (PES), líder de una corriente de corte evangélico. ¡Hasta mañana!

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