Austin. Un juez de Texas determinó el jueves que es inconstitucional el mecanismo para hacer cumplir la ley estatal contra el aborto —el cual ofrece compensaciones de hasta 10 mil dólares a quienes ganen demandas en contra de quienes violen la ley más estricta de Estados Unidos sobre el tema—, pero la decisión limitada mantuvo en pie una prohibición casi absoluta a la interrupción del embarazo.

El juez estatal de distrito David Peeples, de Austin, evadió la legalidad general de la ley de Texas, conocida como SB8, que desde septiembre ha prohibido la práctica de abortos una vez que se detecte la actividad cardiaca del embrión, lo que sucede alrededor de las seis semanas y antes de que muchas mujeres siquiera se den cuenta de que están embarazadas. Los proveedores de servicios de aborto han solicitado a la Corte Suprema del país que bloquee la legislación, pero el tribunal se ha negado a hacerlo hasta el momento.

El fallo en el tribunal estatal no tiene peso en el caso más amplio que se escucha actualmente en la Corte Suprema, la cual no ha mostrado prisa en emitir un fallo.

Planned Parenthood —una organización de clínicas comunitarias que proporcionan información y asistencia para el control de natalidad y el aborto, enfermedades de transmisión sexual y asuntos relacionados— aplaudió el fallo estatal, pero dijo que los servicios de aborto siguen “prácticamente inaccesibles” en Texas. Los simpatizantes de la ley que firmó el gobernador Greg Abbott expresaron que es poco probable que tenga algún impacto práctico, o incluso disuada las demandas en contra de las clínicas de aborto.

“Esto no cambia nada en la práctica”, afirmó John Seago, director legislativo de Texas Right to Live, el mayor grupo del estado en contra del aborto.

La ley de Texas utiliza un novedoso mecanismo de denuncia para la aplicación de la ley, que básicamente ha dejado sin uso el precedente de la Corte Suprema sobre el derecho constitucional de la mujer al aborto.

La ley prohíbe que los fiscales intervengan para buscar el cumplimiento de la ley y en su lugar deja el papel a la ciudadanía, que tiene derecho a cobrar lo que los críticos han descrito como una “recompensa” de 10 mil dólares en caso de que presenten y ganen una demanda en contra de un proveedor o cualquier persona que ayude a una paciente a practicarse un aborto.

Las mujeres que soliciten practicarse un aborto no pueden ser demandadas bajo la ley, la cual permite que cualquier persona pueda presentar una denuncia.