El laberinto de intrigas, intereses, y miradas geopolíticas en torno al llamado “caso Odebrecht”, se presta para un novelón de largo aliento. ¿Cuándo empezó esta historia nada heroica y reveladora de la irrecuperable degradación ética y moral del capitalismo, suponiendo que alguna vez la hubo?

Quizá en 1992, cuando el Grupo Odebrecht (GO) prescindió de la joven secretaria Concepción Andrade, a cargo de la la “sección de intereses estratégicos” de la firma (o “caja B”), destinada al soborno de políticos y funcionarios del Estado. La señora o señorita Andrade se fue a casa. Pero antes hizo una copia de todos los registros de la “caja B”, y durante 20 años la escondió bajo el colchón, o quién sabe dónde.

Ahora bien: ¿la señora o señorita Andrade entregó a la justicia brasileña los registros de la “caja B” antes o después de marzo de 2014, cuando el juez Sergio Moro (ignoto magistrado de Curitiba, capital del estado de Paraná), allanó en Brasilia varias gasolinerías con lavaderos de coches ( lavajato, en portugués), dejando al descubierto una red de lavado de dinero que comprometía a políticos ligados con el CEO del GO, Marcelo Odebrecht?

En junio de 2015, la policía arrestó a Marcelo en su lujosa mansión de Sao Paulo. Siete meses más tarde, Moro lo sentenció a 19 años de prisión por haber pagado 30 millones de dólares en sobornos, a ejecutivos de Petrobras. Emilio Alves (su padre y presidente del GO) recibió cuatro años de arresto domiciliario.

Moro saltó a la primera plana de los medios y la operación Lavajato se convirtió en el ariete mediático de las derechas para golpear a la presidenta Dilma Rousseff (primer dato no menor: simultáneamente, los grandes medios persuadían a la opinión de que el PT se había apropiado de las empresas estatales para financiar sus campañas electorales. Y que “la corrupción”, cómo no, era el principal problema de Brasil).

En agosto de 2016, Dilma fue destituida por un “golpe parlamentario”, calco y copia del perpetrado en 2012 contra el presidente de Paraguay, Fernando Lugo (segundo dato no menor: un año antes, la embajadora de Estados Unidos en Asunción, Liliana Ayade, ex titular de la USAID y funcionaria del Comando Sur, había dejado la legación, y en 2013 el simpático Barack Obama la nombró embajadora en Brasil).

Marcelo y Emilio acordaron con la fiscalía su culpabilidad, dando el nombre de 182 políticos beneficiados por el grupo empresarial. Sólo en Brasil, delataron a 77 ejecutivos del GO que habían firmado “convenios de cooperación” con las instituciones de justicia para recibir ventajas judiciales, recibiendo 348 millones de dólares (en México, el GO repartió un monto superior a mil 100 millones de dólares entre los ejecutivos de Pemex).

Los datos descubiertos en las pesquisas de la operación Lavajato llevaron a que un juez federal de Brooklyn acusara al GO y a la compañía brasileña Braskem, de violar la ley antisoborno estadunidense para empresas extranjeras. Así, a finales de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó una investigación, detallando 15 años de sobornos del GO en 12 países: Angola, Mozambique, Colombia, México, Panamá, Guatemala, República Dominicana, Perú, Argentina, Venezuela, Ecuador y Estados Unidos. En números redondos, 800 millones de dólares… El GO admitió su “arrepentimiento profundo” por la conducta de sus empleados, y a cambio de ser liberado de los cargos aceptó pagar multas por 3 mil 336 millones a los gobiernos de Estados Unidos, Suiza y Brasil.

A todo esto… ¿quién era el juez Sergio Moro? Adiestrado por el Departamento de Estado en lawfare (judicialización de la política), Moro intercambiaba información con el argentino Claudio Bonadio, el otro “superjuez” que durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-19) le tocaba, mágicamente o “por sorteo” (¡uf!), todas las causas por “corrupción” contra Cristina Fernández de Kirchner.

Pero en abril de 2017, Moro logró de Marecelo la única confesión que le importaba a sus jefes offshore: involucrar a Lula como uno de los receptores de sobornos del GO. ¡Bingo! En 2018, Marcelo obtuvo el arresto domiciliario y Lula fue sentenciado a nueve años de prisión. Como nunca apareció prueba alguna, otro juez falló a favor, liberando al líder indiscutido de los trabajadores brasileños en noviembre de 2019.

En sus declaraciones, Marcelo dijo cosas muy interesantes. La primera: “A pesar de los 900 millones de dólares invertidos para remodelar el puerto de Mariel, Cuba fue el único país donde ningún funcionario aceptó sobornos”. La segunda: “Si empiezo a hablar van a tener que habilitar celdas para varios presidentes de América Latina”.

La delación fue recompensada. Marcelo Odebrecht recibió 116 millones de dólares, y una participación minoritaria de 2.79 por ciento en las acciones de la empresa. Nada mal para volver a empezar y retomar el espíritu del abuelo Norberto cuando fundó la empresa, en 1944: “asociación y confianza en las personas”.