La Cámara de Diputados pidió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no trastocar los valores democráticos y respetar la disposición constitucional de cancelar el registro a un partido si no obtiene 3 por ciento de la votación nacional emitida.
En respuesta al proyecto del magistrado Indalfer Infante, que busca devolver el registro a Fuerza por México, con el argumento de que las medidas sanitarias afectaron al partido, el pleno pidió al tribunal “no hacer interpretaciones que excedan los parámetros mínimos dispuestos por los principios fundamentales en materia electoral”.
Asimismo, durante la sesión rindió protesta como diputado del PRI Fernando Reina Iglesias, esposo de la conductora de televisión Galilea Montijo y director de promoción turística de Guerrero en el sexenio de Zeferino Torreblanca.
En 2011 tuvo que renunciar como regidor de Acapulco por el Partido Verde, tras el escándalo por utilizar un helicóptero, adquirido en el gobierno de Torreblanca, como ambulancia aérea, para romper un récord de esquí acuático descalzo.
Es suplente de Cuauhtémoc Aquino, de Puebla, quien solicitó licencia por 30 días.
Por otra parte, el pleno aprobó un cambio a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para obligar a que los gobiernos federal, estatales y municipales asuman medidas inmediatas de protección especial a menores en situación de vulnerabilidad por orfandad.
“Las reformas buscan dar prioridad al interés superior del menor y reiterar la obligación jurídica y social de garantizar los derechos de la niñez”, dijo Lilia Aguilar Gil (PT).
Explicó que la reforma es relevante, porque en un estudio con cifras a septiembre, el Instituto Belisario Domínguez del Senado informó que la pandemia por Covid 19 ha dejado en la orfandad a 131 mil 325 niños, quienes han perdido a uno de sus padres o a ambos, y que Chihuahua ocupa el tercer lugar de infantes en esa condición.
Para el caso de la orfandad a causa de feminicidios, en Chihuahua hay mil 724 menores de 18 años que perdieron a sus madres por ese delito, según el registro de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAV), indicó.
Además, prevé definir claramente la reparación integral del daño al proteger, salvaguardar, velar y garantizar los derechos de todas las víctimas sin excepciones, concluyó.