Nueva York., Joe Biden se convirtió en el primer presidente en la historia del país en elevar la lucha contra la corrupción financiera al máximo nivel al proclamarla asunto de “seguridad nacional”, al presentar su estrategia para combatirla, aunque hizo mínima referencia a lo que muchos consideran la peor amenaza corruptora del país: el dinero privado casi ilimitado en las elecciones.

La “Estrategia de Estados Unidos para combatir la corrupción” presentada esta semana afirma que ésta “es un cáncer dentro del cuerpo de las sociedades; una enfermedad que deteriora la confianza pública y la capacidad de los gobiernos de cumplir con sus ciudadanos”.

Biden, en junio pasado, declaró que la “corrupción amenaza la seguridad nacional, la equidad económica, esfuerzos globales contra la pobreza y en favor del desarrollo, y la democracia misma”, y fue con ello que giró instrucciones para el desarrollo de la estrategia (https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/12/United-States-Strategy-on-Countering-Corruption.pdf).

En la estrategia, Biden promueve lo que llama una “campaña” para identificar y perseguir a quienes están involucrados en lavado de dinero y otras maniobras financieras ilícitas tanto dentro como fuera de Estados Unidos.

La estrategia busca examinar y evaluar a empresas, banqueros, abogados que participan en ocultar o blanquear dinero, intensificar las investigaciones anticorrupción por los departamentos del Tesoro, Comercio, Estado, y mayor coordinación en el tema entre agencias de inteligencia tanto dentro del país como en el extranjero. Enfatiza las dimensiones “trasnacionales” de la corrupción y propone medidas para limitar “la capacidad de actores corruptos de usar los sistemas financieros de Estados Unidos y los internacionales para ocultar activos y lavar los ingresos de actos corruptos” y, por lo tanto, propone mayor cooperación internacional en ese esfuerzo.

Algunos expertos afirman que la estrategia representa uno de los esfuerzos contra la corrupción más ambiciosos en la historia del país, y que si es implementada extensamente logrará reformas necesarias y urgentes ante lo que algunos críticos llaman una sistema financiero paralelo que opera casi de manera encubierta.

Partes de ese sistema financiero casi clandestino –conformado por empresas fantasmas y fideicomisos bajo prestanombres– fueron reveladas por la explosiva investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación conocida como los Papeles de Pandora en octubre, dentro de la cual estaba la sorpresa para muchos de que Estados Unidos se había convertido en uno de los paraísos fiscales más grandes del planeta.

La investigación reveló que Estados Unidos superó a Suiza como el país que más ayuda a millonarios del mundo a ocultar sus fortunas de autoridades fiscales. Esta industria de servicios legales diseñados para ocultar grandes capitales está centrada en los estados de Dakota del Sur, Florida, Texas, Delaware y Nevada. Sólo en Dakota del Sur se identificaron fideicomisos establecidos para ocultar fortunas personales por un valor acumulativo de más de 360 mil millones de dólares, incluyendo cuentas de ex altos funcionarios y empresarios bajo investigación en varias partes del mundo (https://www.jornada.com.mx/2021/10/05/ politica/002n1pol).

Estas operaciones son legales, pero frecuentemente empleadas para ocultar riquezas generadas por actividades menos inocentes, como el caso del famoso traficante de armas Viktor Bout, el dictador serbio Milosevic o el indonesio Suharto y una larga lista de ex mandatarios, empresarios y otros personajes bajo investigación que usaron empresas fantasmas en Estados Unidos para ocultar sus negocios ilícitos.

A la vez, la corrupción financiera, como bien lo afirma Biden y su gobierno, se extiende a otros rubros, incluido el político. De hecho, según el último informe anual de Transparencia Internacional, emitido en enero, Estados Unidos tiene el peor nivel de corrupción en casi una década. Su deterioro, en parte, es resultado de un desplome en la confianza sobre su sistema electoral generado no sólo por desinformación, sino por la inversión de montos sin precedente de dinero cuyas fuentes no son divulgadas.

Lo que en cualquier otro país sería considerada una actividad corrupta por definición, en Estados Unidos se inyectan sumas astronómicas de dinero privado en las elecciones nacionales, estatales y locales, todo de manera legal. Los donantes no tienen que ser identificados y pueden evadir límites en contribuciones mdiante varias maniobras.

La elección federal –presidencia y legislatura– de 2020 fue la más cara hasta la fecha, llegando a un total de casi 14 mil millones, más del doble del ciclo anterior en 2016, según la organización especializada Open Secrets. El año pasado, 20 multimillonarios aportaron un total de 2.3 mil millones, cifra que es el doble de lo que gastó la campaña electoral de Biden.

Pero este tema no fue mencionado por el jefe de la Casa Blanca y su equipo como parte del enfoque en el combate a la corrupción, y sólo merece una sola frase en todo el documento de su estrategia, en el cual afirma que el gobierno “abogará por mayor transparencia en el sistema de financiamiento de campañas de Estados Unidos” y promete fortalecer las prohibiciones en intentos desde el extranjero para influir en los comicios.