La Comisión de Bienestar Animal del Congreso capitalino aprobó ayer el proyecto de dictamen sobre la iniciativa que prohíbe las corridas de toros en la Ciudad de México tras reponer la votación que realizaron el lunes, la cual generó dudas sobre el número de votos requerido para validar la legalidad del procedimiento. Sin embargo, acordó no entregar el dictamen a la mesa directiva para someterlo a consideración del pleno e iniciar mesas de trabajo con el fin de buscar opciones a las familias que viven de la tauromaquia y se verán afectadas por la reforma de llegar a promulgarse.

El dictamen se aprobó con cinco votos de legisladores de PAN, PRI y PRD y el presidente de la comisión, Jesús Sesma, de la asociación parlamentaria Alianza Verde, con la ausencia de cuatro legisladores de Morena.

Sesma dijo que acordó con el dirigente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, Pedro Haces Barba, instalar mesas de trabajo para buscar opciones a las familias que obtienen sus ingresos de dicha actividad, pero el dictamen no se turnará a la mesa directiva, sino hasta el próximo periodo ordinario, que empieza en febrero, una vez que se agote el término de 45 días que señala el reglamento del Congreso.

El dictamen, dentro de su régimen transitorio, descarga en el gobierno de la ciudad, por conducto de las secretarías de Desarrollo Económico, de Inclusión y Bienestar Social y del Trabajo y Fomento al Empleo, la responsabilidad de establecer un programa para que comerciantes y empleados de las plazas de toros realicen otras actividades remuneradas, con fondos de una partida especial dentro del presupuesto, que no existirá dado que el paquete económico del próximo año se aprobará antes que la reforma.

Sesma no descartó, en todo caso, hacer adecuaciones al momento de que se discuta la iniciativa en el pleno, para ampliar el plazo de entrada en vigor, que en el proyecto aprobado es de 180 días naturales a partir de su publicación.

El legislador hizo, además, una estimación de los legisladores que se han declarado públicamente animalistas, que tendría en el pleno una votación cerrada para aprobar el dictamen de 34 contra 32 votos.

La reforma consiste en una adición a la Ley de Protección a los Animales para prohibir expresamente “celebrar y realizar espectáculos públicos en los cuales se maltrate, torture o prive de la vida a toros, novillos y becerros”, e impone una sanción de 27 mil 500 a 55 mil veces la unidad de medida y actuación (2 millones 419 mil 740 pesos a 4 millones 929 mil 100 a su valor vigente) a quien infrinja la norma.