Ciudad de México. Las mujeres en México no sólo tienen que luchar contra las brechas de género profesionales y personales; o contra la violencia psicológica o física, sino, además, contra la brecha al acceso a la justicia en el sistema penal mexicano, reveló la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) 2021.

De acuerdo con la encuesta que levantó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) durante junio-julio del presente año, a una muestra nacional de 67 mil 584 personas privadas de la libertad, una de cada tres personas que están en los centros penitenciarios se encuentra sin sentencia y que una cuarta parte de ellas han esperado más de dos años para recibir una.

En tanto, el 46.1 por ciento de las mujeres que están en prisión preventiva oficiosa no tienen una sentencia; porcentaje desfavorable con el 26.7 por ciento en el caso de los hombres; es decir que para las mujeres la justicia dentro del Sistema Penitenciario en México llega más tarde.

“El porcentaje de mujeres que están privadas de la libertad que no cuentan con una sentencia es mayor que el porcentaje de hombres, de tal manera que esto obedece también a una fenomenología que también se revela con la menor edad en promedio que tienen las mujeres privadas de la libertad”, afirmó Julio Santaella, presidente del Inegi, durante la presentación de la Enpol.

Así, se tiene una mayor proporción de hombres que tienen sentencia, 73.1 por ciento de los hombres tienen sentencia, 53.7 por ciento de las mujeres tienen sentencia. Mientras que la población que todavía se encuentra en proceso a nivel nacional es del 27.8 por ciento.

“Sí hay una brecha importante en el acceso de la justicia para las mujeres en el Sistema de Justicia Penal”, afirmó Oscar Jaimes, director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del Inegi.

Violencia estructural

A nivel nacional 23.5 por ciento de la población sentenciada que llevó su proceso recluida en un centro penitenciario obtuvo su sentencia en seis meses o menos, menor al 27.3 por ciento que registró en el 2016; mientras que el 23.9 por ciento de dicha población demoró más de dos años en obtener su sentencia, luego que en la pasada edición del censo (2016) fue de 20.2 por ciento.

En cuanto al proceso judicial, del total de la población privada de la libertad, el 72 por ciento contaba con sentencia dictada a la mitad de 2021, de estas el 39 por ciento obtuvo una condena de 21 años o más; siendo así el 27.8 por ciento de la población privada de la libertad a julio de este año, se encontraba todavía en proceso judicial.

“Llama mucho la atención la violencia psicológica y física que sufren las personas privadas de la libertad, en el momento de su detención y el momento de su etapa el Ministerio Público. Sin embargo, hay una violencia estructural todavía más amplia que es que una de cada tres personas que están en los centros penitenciarios se encuentra sin sentencia y una cuarta parte de ellos ha esperado más de dos años para recibir sentencia, en su mayoría mujeres”, sentenció Adrián Franco, vicepresidente del Inegi.

Y es que el 15 por ciento de las mujeres sufrió agresión, principalmente sexual y quemaduras, después de la detención; y el 49 por ciento de los hombres entrevistados mencionó que tuvo una agresión.

Población joven

La población penitenciaria es joven. El 62 por ciento se encuentra entre los 18 y 39 años; en el caso de las mujeres todavía es más joven, son siete de cada diez que se encuentran en ese rango de edad. Para los de 18 y 29 años, uno de cada cuatro es hombre y uno de cada tres es mujer.

Es decir, las mujeres en su proporción son más jóvenes las que se encuentran en situación de prisión.

El 57.5 por ciento de la población con antecedentes penales fue sentenciada por el delito de robo (vehículo y negocio fueron los más frecuentes) y el 11.9 por ciento lo fue por posesión ilegal de drogas, después se encuentra posesión de armas con el 10 por ciento.

Según el censo, el 23.5 por ciento de las personas privadas de la libertad mencionó que ha visto el manejo de llaves al interior de las celdas por otras personas ajenas a las autoridades penitenciarias, el 12 por ciento de ellos reporta que han tenido que pagar cobros a internos por la prestación de bienes y servicios y el 11 por ciento ha sido testigo del pago de protección al interior de estos centros penitenciarios.

En tanto, el 26 por ciento de las personas privadas de la libertad se siente inseguro en el interior de su centro penitenciario; de hecho, el 88 por ciento han sido víctimas de robo de objetos personales y el 17 por ciento reportan haber sido víctimas de actos de corrupción al interior de las cárceles.